Secretaría de agricultura de Honduras impulsa seguridad alimentaria en Corredor Seco
Elaborado por Leoncio Alvarado Herrera
Tegucigalpa, 26 sep (AHN) A menos de dos meses de las elecciones generales, la tensión política en Honduras se intensifica. El discurso de los partidos tradicionales refleja un nerviosismo que ha alcanzado niveles de paranoia, como si un espectro indefinido los persiguiera. Ante ese temor, construyen escenarios de derrota anticipada y elaboran pretextos para justificarla, responsabilizando sistemáticamente al partido de gobierno. En ese contexto, han convertido a Libertad y Refundación —Libre— en blanco de ataques recurrentes, al tiempo que lo presentan como una amenaza apocalíptica, aunque en el fondo lo que prevalece es un temor profundo frente a su consolidación política.
Las encuestas partidarias evidencian esta estrategia: cuando las realiza el Partido Nacional, este se ubica en primer lugar, seguido del Partido Liberal, mientras que Libre aparece en tercer puesto. Si son promovidas por los liberales, la jerarquía se invierte, pero Libre permanece relegado al tercer lugar. Lo lógico sería que nacionalistas y liberales, como supuestos contendientes principales, compitieran directamente entre sí; sin embargo, ambos concentran sus campañas de desinformación en contra de Libre. Surge así la pregunta inevitable: ¿por qué atacar a un partido que, según sus propios sondeos, ocupa la tercera posición? La respuesta es evidente: saben que la realidad electoral dista de la narrativa que pretenden imponer.
Otro de los relatos fabricados consiste en acusar a Libre de planear un fraude electoral. No obstante, la revisión histórica demuestra lo contrario: se trata del partido con mayor compromiso con la transparencia, que nunca ha perpetrado un fraude, sino que fue víctima de ellos en 2013 y 2017, precisamente por parte de quienes hoy se autoproclaman guardianes de la democracia. En esta misma lógica paranoica, se ha llegado incluso a especular sobre la inexistencia de una declaratoria oficial de resultados o sobre hipotéticos procedimientos alternos, escenarios completamente infundados que solo reflejan un apego irracional al poder.
Los voceros de la derecha elaboran conjeturas destinadas a justificar lo que anticipan como una derrota inminente. Su propósito es mantener abiertas las puertas a la deslegitimación del proceso electoral, a la protesta violenta y al eventual desconocimiento de la próxima presidenta. Se aferran así a distorsionar la democracia para proteger privilegios históricos, aún sabiendo que el pueblo los ignora.
De manera paralela, buscan deslegitimar las acciones de la justicia contra políticos de sus partidos acusados de corrupción y saqueo del Estado, amparándose en el discurso de la persecución política. La paradoja es evidente: los mismos partidos que durante la narcodictadura de doce años y siete meses institucionalizaron la corrupción, hoy cuestionan a la autoridad judicial cuando intenta sancionar sus prácticas. Lo curioso es que los enjuiciados en Estados Unidos en casos emblemáticos, como el del “Tasón de Seguridad”, no constituyen persecución política. Solo cuando los procesos se llevan a cabo en Honduras recurren a ese argumento: las pruebas son contundentes y la justicia debe prevalecer, sin importar el tiempo transcurrido y desde dónde se ejerza la justicia.
A esta estrategia de manipulación se suma otra falacia: acusar al oficialismo de pretender instaurar una dictadura. La contradicción resulta flagrante, pues han sido precisamente los partidos tradicionales quienes gobernaron por más de un siglo defendiendo intereses restringidos y quienes, en 2017, ejecutaron una reelección ilegal que consolidó una narcodictadura. Aunque intenten equiparar a Libre con esas prácticas, los hechos desmienten tal afirmación y evidencian un compromiso político distinto.
La cuestión central es: ¿por qué esta proliferación de narrativas falsas? La respuesta es clara: la derecha hondureña atraviesa un proceso de decadencia. Sus estructuras son obsoletas, su modelo político carece de eficacia y han perdido el respaldo popular. Incapaces de asumir la responsabilidad histórica en la destrucción institucional del país, recurren a desacreditar el proceso democrático, inventar conflictos inexistentes y preparar justificaciones anticipadas para su fracaso.
La diferencia esencial radica en la gestión del actual gobierno. En su primer mandato, la presidenta Xiomara Castro, bajo el modelo de Socialismo Democrático, ha marcado una ruptura profunda con las administraciones anteriores. Ha impulsado la mayor inversión pública en la historia de Honduras, orientada a beneficiar a las mayorías, logrando una reducción del 10% en los índices de pobreza. Con ello, no solo ha puesto fin a las prácticas de saqueo de la narcodictadura, sino que también ha generado un cambio tangible en la calidad de vida de la población.
A medida que se aproximan las elecciones generales, la paranoia de la derecha se intensifica. Lo que rehúsan admitir es su verdadera fragilidad: carecen de credibilidad, de legitimidad moral y de sustento en los hechos. El espectro de la narcodictadura los persigue, y ninguna estrategia de manipulación podrá contener la fuerza de la voluntad popular. El 30 de noviembre, los castillos levantados sobre la arena de la mentira se derrumbarán de manera inexorable.
La opinión del autor no necesariamente responde a la línea editorial de la Agencia Hondureña de Noticias.
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