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Tegucigalpa, 10 jun (AHN) La Corte Suprema de Justicia de Argentina avaló hoy la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández, en un veredicto más político que judicial.
El fallo, firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, ratificó la sentencia emitida por una instancia menor y marcó un hito político y judicial en la historia reciente del país.
El veredicto rechazó la apelación presentada por la defensa y confirmó la condena contra Cristina Fernández por administración fraudulenta. No obstante, la exmandataria fue absuelta del delito de asociación ilícita, que constituía la principal acusación impulsada por la fiscalía.
Antes de conocerse el fallo, Fernández se reunió con dirigentes del Partido Justicialista, ante quienes anticipó su lectura del desenlace judicial: “Créanme que estar presa es un certificado de dignidad, créanlo porque lo siento de esa manera”, expresó frente a los líderes peronistas.
“Soy una fusilada que vive y no me va a alcanzar la vida para agradecerle a Dios”, agregó, al tiempo que afirmó: “Me meterán presa, pero esto no resolverá los graves problemas que vive Argentina”.
A partir de este fallo, la exmandataria queda inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos, lo que impide su postulación como diputada provincial por Buenos Aires, anunciada para las elecciones del 7 de septiembre.
Cabe destacar que la exmandataria argentina podrá acceder al beneficio de prisión domiciliaria debido a su edad, en ese sentido fuentes cercanas a su entorno señalaron que probablemente cumpla la pena en su departamento del barrio porteño de San Cristóbal, donde reside desde que dejó Recoleta.
La decisión de la Corte desató una ola de movilizaciones en todo el país, en particular en Buenos Aires, manifestantes bloquearon accesos clave a la ciudad, incluida la autopista que conecta con La Plata.
Analistas y figuras políticas calificaron el fallo como una muestra de “Lawfare” en Argentina, en línea con lo ocurrido en otros países de la región, como Brasil y Ecuador, donde expresidentes populares también fueron condenados judicialmente.
JAS
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