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Tegucigalpa, 6 mar (AHN) Honduras está próximo a celebrar el proceso electoral primario, y los delitos electorales constituyen una amenaza a la democracia, al socavar profundamente la confianza de la población hondureña en el proceso de elecciones en la nación centroamericana.
En entrevista exclusiva para la Agencia Hondureña de Noticias, el analista político y exconcejal del Tribunal de Justicia Electoral, Julio Navarro, detalló que la legislación hondureña tipifica varios delitos electorales que amenazan la transparencia y legitimidad del proceso, entre ellos la obstrucción del voto, la alteración de resultados, la suplantación de identidad y la manipulación de actas.
Otro delito común es la interrupción del proceso de votación, que puede ocurrir de diversas maneras, desde impedir la apertura de las urnas e interferir en el desarrollo de la jornada electoral. Estos actos son graves, ya que afectan directamente la libre expresión del voto.
En ese sentido, Navarro reveló que en algunos procesos electorales se dieron casos en los que miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) incumplieron con sus responsabilidades, ya sea retirándose sin justificación o simplemente no asistiendo al centro de votación.
Además, el traslado injustificado de centros de votación es otra práctica que perjudica la transparencia del proceso electoral. “Si una escuela, designada como sede electoral, es cambiada sin razones válidas, se incurre en un delito que puede perjudicar a los votantes y favorecer a ciertos grupos políticos”, según detalló Navarro.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras anunció la designación de jueces en todo el país para atender posibles delitos electorales durante las elecciones primarias del próximo 9 de marzo.
Esta medida busca garantizar la legalidad y transparencia del proceso electoral, brindando una respuesta inmediata a cualquier irregularidad denunciada.
Según el Código Penal hondureño, las personas que incurran en delitos electorales podrán enfrentar penas de entre cuatro y ocho años de prisión.
En ese sentido, el Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó la línea telefónica 107 para denunciar algún problema administrativo y el número 108 para faltas relacionadas a los delitos electorales.
Sistema biométrico, garantía de transparencia
Uno de los mayores problemas que ha enfrentado Honduras en procesos electorales anteriores es la alteración de resultados, por lo que había sido práctica común que personas voten suplantando la identidad de otros.
En ese sentido, valoró que el CNE implementará el sistema biométrico para la identificación de votantes en los comicios primarios del 9 de marzo, lo que representa un avance en esta materia.
Según datos del CNE, en los comicios primarios se utilizarán 24,858 dispositivos biométricos en igual número de Juntas Receptoras de votos (JRV).
Navarro indicó que, aunque la implementación del dispositivo biométrico se reducirá esta práctica, algunos sectores políticos expresan su incomodidad con este sistema, ya que limita sus posibilidades de manipular los resultados.
Asimismo, señaló que uno de los ejemplos de fraude en las votaciones es la manipulación de papeletas, y destacó que uno de los departamentos que más presenta inconsistencias es Francisco Morazán (centro) donde en algunos centros de votación, aunque solo 100 personas ejercieron el sufragio, aparecieron hasta 5,000 marcas en las papeletas de diputados, lo que resulta claramente contradictorio
Según el analista, el sistema judicial hondureño es lento e ineficaz para resolver denuncias electorales, ya que en algunos casos suelen resolverse cuando los candidatos ya han finalizado su periodo en el cargo, lo que resta efectividad a cualquier sanción.
“Las denuncias deben seguir un largo proceso que pasa por el CNE, el Tribunal de Justicia Electoral y, finalmente, la Corte Suprema de Justicia, lo que en muchos casos retrasa las resoluciones por años”, apuntó.
Además, señaló que la falta de sanciones efectivas generaron una crisis de credibilidad en el sistema electoral, ya que los fraudes generalizados, como los ocurridos en 2013 y 2017, evidenciaron la vulnerabilidad del proceso, y aunque algunos casos ya fueron judicializados, muchos otros siguen sin respuesta.
Según el exconcejal, a pesar de las reformas y de la implementación del sistema biométrico, aún existen sectores que buscan aprovecharse de las debilidades del sistema para favorecerse en los comicios, por lo tanto, los pobladores y las autoridades hondureñas deben mantenerse vigilantes para exigir transparencia y justicia electoral .
Honduras se encuentra en una encrucijada, ya que debe reforzar sus instituciones y procesos para garantizar elecciones limpias o permitir que la impunidad y las irregularidades debiliten su democracia, por lo tanto, la labor de la institucionalidad es urgente, pues solo con un sistema electoral sólido y confiable se podrá recuperar la fe en la democracia de Honduras”, concluyó Navarro.
Controles preventivos
Navarro, reveló que para evitar que los delitos electorales sigan afectando la democracia en Honduras, es fundamental establecer controles preventivos más efectivos.
Uno de los principales cambios que propuso es la selección imparcial de los miembros de las JRV, y además sugirió que el CNE asuma la responsabilidad de seleccionar y capacitar a los miembros de las JRV, asegurando así su imparcialidad y profesionalismo.
También planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y fiscalización del proceso electoral, para evitar que grupos políticos y económicos con intereses particulares influyan en la administración de los comicios, ya que en la actualidad, los representantes de la JRV son designados por los partidos políticos, lo que permite que candidatos con mayores recursos financieros aseguren el control de las mesas electorales a su favor.
Igualmente destacó que es importante garantizar que los candidatos de cualquier nivel electivo que buscan la reelección no utilicen recursos públicos para promoverse, ya que eso genera una competencia desigual.
El analista además señaló que algunos alcaldes lograron mantenerse en el cargo hasta por siete períodos consecutivos, mientras que los candidatos sin recursos enfrentan grandes dificultades.
SEM
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