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Tegucigalpa, 17 dic (AHN) Militantes del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) denunciaron hoy una serie de agresiones atribuidas a grupos violentos vinculados al opositor Partido Nacional, en presunta coordinación con efectivos de lun grupo de las Fuerzas Armadas de Honduras.
Las denuncias señalan un patrón de represión dirigido exclusivamente contra simpatizantes del partido de gobierno, lo que ha encendido las alarmas sobre un posible uso indebido de la fuerza pública con fines políticos.
Dirigentes y bases de Libre afirman que los ataques fueron ejecutados por “cachurecos” con respaldo operativo, mientras las autoridades competentes no han esclarecido los hechos.
En este contexto, también se advierte la existencia de un “fuerte movimiento represor” al interior de las Fuerzas Armadas, cuya actuación —según las denuncias— no respondería a instrucciones de la presidenta Xiomara Castro, ni del jefe del Estado Mayor Conjunto saliente, general Roosevelt Hernández.
“¿Quién está dando las órdenes? ¿A quién están obedeciendo?”, cuestionaron los denunciantes.
La preocupación aumenta ante el anuncio de la salida del general Roosevelt Hernández este jueves y la posible designación de un sucesor señalado como cercano a Juan Orlando Hernández – condenado en por narcotráfico a 45 años en New york y posteriormente indultado por Donald Trump- , incluso identificado como exintegrante de su seguridad privada. Este relevo, sostienen sectores de Libre, podría profundizar la incertidumbre sobre la lealtad institucional de las FFAA.
Asimismo, la Presidenta Castro advirtió sobre el eventual ingreso al país de Juan Orlando Hernández con presuntas instrucciones para promover un golpe de Estado, lo que plantea interrogantes adicionales: si tal escenario es real, ¿Cómo se explica una supuesta alineación de sectores de las FFAA sin una orden constitucional?
Las organizaciones y militantes de Libre exigieron una investigación inmediata, garantías para el ejercicio de los derechos políticos y una aclaración pública sobre la cadena de mando en las fuerzas de seguridad. “Reprimir al pueblo sin mandato constitucional es una grave amenaza a la democracia”, concluyeron.
JLU
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