Elaborado por Rafael Méndez
14 jun (AHN) La derecha ha respondido a los planteamientos de Petro con una batería de críticas que se oponen a la agenda del mandatario, al tiempo que buscan deslegitimar y desestabilizar su gobierno.
Colombia se encuentra inmersa en un complejo panorama político y social, donde las propuestas del presidente Gustavo Petro en torno a la justicia social y la reconfiguración del estado de derecho son objeto de un intenso debate y una férrea oposición.
Petro, desde su llegada al poder, ha planteado una serie de reformas estructurales que buscan saldar deudas históricas con amplios sectores de la población, redistribuir la riqueza y el poder, y transformar las bases de la sociedad colombiana. Sin embargo, este discurso ha sido sistemáticamente interpretado por la derecha como una estrategia para “agitar la división de clase y sembrar odio”, una retórica que, según analistas y voces críticas al establishment, sirve de pretexto para una campaña de desestabilización política.
El reciente atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ha elevado aún más la tensión en el país. Este suceso, lejos de unir a la nación en un llamado a la calma y la justicia, ha sido rápidamente capitalizado por ciertos sectores de la derecha para señalar directamente al presidente Petro como el responsable implícito del crimen. Esta acusación, sin pruebas concretas y amplificada por figuras internacionales como el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, se inscribe en una estrategia más amplia que busca deslegitimar al gobierno, socavar su gobernabilidad y, en última instancia, propiciar un cambio de poder. No obstante, la historia política colombiana sugiere que tales tácticas, basadas en la manipulación y la victimización, podrían terminar por volverse en contra de quienes las emplean.
Los pilares de la justicia social y el estado de derecho según Petro
La agenda del presidente Gustavo Petro está profundamente arraigada en una visión de justicia social que va más allá de la asistencia, buscando una reparación histórica y una equidad estructural. Su propuesta central se articula en torno a la reforma agraria, que busca democratizar la propiedad de la tierra para beneficiar a campesinos y comunidades étnicas, considerándola una base fundamental para la paz y la reducción de la pobreza.
Esta reforma no es solo económica, sino también social y política, al reconocer el derecho a la tierra como un pilar para la dignidad y el desarrollo humano. En paralelo, Petro aboga por el acceso universal y garantizado a servicios básicos como la salud y la educación, concibiéndolos como derechos inalienables y no como mercancías. Sus planteamientos también incluyen una reorientación de la política de drogas, proponiendo un enfoque que beneficie a los cultivadores y fomente la sustitución de cultivos ilícitos, en contraste con la tradicional persecución. La transición energética, por su parte, se presenta como una estrategia doble: reducir la dependencia de los combustibles fósiles y, al mismo tiempo, reorientar la economía hacia sectores más justos y sostenibles, promoviendo una distribución equitativa de los beneficios y la cargas.
En cuanto al estado de derecho, Petro lo concibe como un garante efectivo de la igualdad ante la ley y la protección de los derechos, especialmente de los sectores más vulnerables. Esto implica un fortalecimiento de la justicia que combata la corrupción y la impunidad, asegurando que el sistema judicial sea accesible y justo para toda la población, sin distinción de clase o poder. Adicionalmente, el presidente ha enfatizado la implementación integral del Acuerdo de Paz de 2016, considerando su cumplimiento, particularmente en la reforma rural y la justicia transicional, como esencial para la construcción de una paz duradera. Asimismo, su gobierno ha puesto un acento especial en el respeto irrestricto de los derechos humanos, especialmente en el manejo de la protesta social, buscando despenalizar la disidencia y garantizar las libertades civiles.
La respuesta de la derecha: Desestabilización y polarización
La derecha colombiana ha respondido a los planteamientos de Petro con una batería de críticas que, según se argumenta, buscan no solo oponerse a su agenda, sino también deslegitimar y desestabilizar su gobierno. Uno de los principales reproches es que el discurso de Petro, al enfocarse en la desigualdad y la redistribución, “agita la división de clase y siembra odio”, creando una polarización innecesaria que socava la cohesión social.
Esta narrativa busca generar miedo en la población, advirtiendo sobre un supuesto riesgo de caos o empobrecimiento derivado de las políticas de izquierda. La propuesta de reforma agraria y otras iniciativas de redistribución son vistas por la derecha como un ataque directo a la propiedad privada y una amenaza a la inversión y el desarrollo económico, generando una profunda alarma entre los sectores empresariales y propietarios. Además, se critica que algunos planteamientos de Petro podrían debilitar la institucionalidad y el orden establecido, llevando a un escenario de inestabilidad política y jurídica.
El calificativo de “populismo” es recurrente, insinuando que el presidente apela a las emociones de las masas para justificar políticas inviables o perjudiciales a largo plazo, y en los sectores más radicales, el temor a un “comunismo encubierto” sigue siendo una herramienta retórica para movilizar a sus bases.
El atentado a Miguel Uribe: Un detonante para la desestabilización
El ataque contra el senador Miguel Uribe Turbay ha sido un punto de inflexión en la tensa relación entre el gobierno y la oposición. Este hecho violento no es solo un atentado contra una figura política, sino “un disparo directo al clima democrático del país”. La reacción de ciertos sectores de la derecha fue inmediata y calculada: en lugar de esperar la acción de la justicia, se apresuraron a responsabilizar al presidente Petro sin prueba alguna.
Esta narrativa, que vincula la polarización del discurso gubernamental con la violencia, ha sido amplificada por figuras internacionales como el estadounidense Marco Rubio, cuyo aval implícito refuerza la percepción de una estrategia concertada para desestabilizar al gobierno.
Para muchos este hecho criminal guarda un paralelismo con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador en 2023, donde se atribuyó la responsabilidad al correísmo sin pruebas, logrando un daño político significativo y capitalizando el miedo para cerrar el paso a un proyecto transformador. La derecha colombiana, según esta perspectiva, pretende “reeditar esa misma estrategia”, utilizando el atentado para criminalizar al adversario, deslegitimar el gobierno y reposicionarse electoralmente.
Resulta evidente que el gobierno de Petro no obtiene ningún beneficio de este tipo de violencia; por el contrario, debilita su agenda de paz y estabilidad. Paradójicamente, son los sectores más radicalizados de la derecha quienes han aprovechado el suceso para reactivar a sus bases, cohesionar su interna —que se muestra cada día más fraccionada— y presentarse como víctimas heroicas, buscando debilitar el ascenso del bloque progresista.
El efecto boomerang de la derecha
La historia política de Colombia está intrínsecamente ligada a la violencia, una violencia que ha teñido de sangre a líderes populares, sindicalistas, candidatos alternativos y militantes de izquierda, sin que la derecha haya asumido responsabilidades o mostrado un dolor genuino. La victimización que hoy intenta construir el uribismo contrasta drásticamente con décadas de silencio cómplice ante los crímenes contra líderes sociales y la convivencia histórica con fenómenos como el paramilitarismo.
Pretender ahora erigirse como la víctima moral del país, según esta visión, resulta ofensivo para la memoria colectiva y para la verdad histórica, pues la sangre que ha manchado el poder no ha sido la de sus propios líderes, sino la de sus opositores.
En medio de esta instrumentalización política, la voz serena de Miguel Uribe Senior, padre del senador herido, ha resonado con un llamado a la reconciliación: “Que esta sangre derramada no sea usada para el odio”.
Este mensaje, desprovisto de la furia electoral, quiérase o no interpela a derecha, y marca una clara diferencia entre quienes buscan sanar las heridas del país y quienes pretenden aprovecharlas para fines electorales. La estrategia de la derecha, al intentar desestabilizar el gobierno de Petro y buscar su derrocamiento aprovechando el atentado, podría enfrentarse a un efecto boomerang. La polarización extrema y la manipulación de la violencia, lejos de consolidar su posición, podrían generar un rechazo en la ciudadanía que valora la estabilidad democrática y la búsqueda de la paz.
El futuro de Colombia dependerá de si se impone la lógica de la manipulación o si, finalmente, la razón y la conciencia logran romper el ciclo de violencia y polarización.
La opinión del autor no necesariamente responde a la línea editorial de la Agencia Hondureña de Noticias.
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