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Tegucigalpa, 29 oct (AHN) Diferentes funcionarios del Gobierno de Honduras reaccionaron a los audios publicados hoy por el Ministerio Público, en los cuales se expone un plan para boicotear los comicios del 30 de noviembre por parte del opositor Partido Nacional —PN—.
El director de Aduanas de Honduras, Fausto Cálix, manifestó que las grabaciones que involucran a la representante nacionalista del Consejo Nacional Electoral, Cossette López y el jefe de la bancada del PN, Tomás Zambrano, es una señal de que perderán las elecciones presidenciales ante la candidata del oficialista Partido Liberad y Refundación (Libre), Rixi Moncada.
“¿Por qué ese plan criminal? Porque los números no les favorecen, saben que Rixi Moncada es la próxima presidenta. No hay ninguna duda que son traidores a la patria y lo mínimo que merecen es la cárcel”, puntualizó Cálix.
Por su parte, la vicecanciller de Cooperación y Promoción Internacional, Cindy Rodríguez, manifestó que con las grabaciones de los miembros del PN quedó claro cuáles son los grupos de poder que atentan contra el pueblo hondureño a través de los partidos políticos del bipartidismo.
“Lo que escuchamos es un atentado contra la democracia, contra la Patria, contra el pueblo hondureño. Debe caerles todo el peso de la ley”, indicó Rodríguez.
El gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Erick Tejada, expresó que los audios demuestran un complot de los partidos del bipartidismo, un “sector oscuro” de las Fuerzas Armadas —FF. AA.— y la Asociación para una Sociedad más Justa para no reconocer los resultados de las elecciones y generar una crisis poselectoral en Honduras.
“Se confirma que quienes planificaron el boicot a las elecciones primarias del 9 de marzo fueron el bipartidismo, sectores oscuros de las FF. AA. y la empresa adjudicada con el transporte a instancia de Cossette López.
La gerente del Servicio de Administración de Rentas, Mariana Ríos, señaló que el plan del bipartidismo (partidos Nacional y Liberal) es generar caos, no reconocer los resultados y llevar a la población a un proceso electoral militarizado.
“Los conspiradores deben ser investigados y procesados para intentar destruir el proceso democrático. Es una vergüenza histórica para el bipartidismo que siempre desde el propio organismo electoral se sigue intentando fabricar fraudes y aplastar la voluntad popular”, expresó Ríos.
SEM
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