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Tegucigalpa, 24 nov (AHN) A cinco días de celebrarse los comicios en Honduras, una Declaración del Observatorio de la Internacional Progresista advirtió que el esfuerzo de Washington y políticos hondureños de extrema derecha en interferir mediante injerencia extranjera para boicotear el proceso eleccionario pone en vilo la democracia con una amenaza directa de entablar un gobierno que responda a intereses de Estados Unidos y grupos oligárquicos empresariales en la nación centroamericana.
Según el Observatorio, la reciente participación de una delegación hondureña en Estados Unidos, representada por el presidenciable del Partido Liberal, Salvador Nasralla Salum, acompañado de candidatos a diputados, así como representantes del Partido Nacional, en la audiencia del Subcomité del Hemisferio Occidental en el Congreso de los Estados Unidos presidida por la representante republicana María Elvira Salazar, lo confirma, el bipartidismo responde a intereses para boicotear las elecciones.
Además, el organismo señala que la audiencia que se presentó como una como una evaluación de emergencia al proceso electoral en Honduras en realidad buscaba de manera directa ejercer presión al gobierno oficialista, y desde Washington a través de congresistas republicanos cuestionar previamente la legitimidad de las instituciones electorales, entrometiéndose en asuntos internos del país centroamericano que le competen exclusivamente a los hondureños.
Además, utilizando la mediática corporativa su objetivo fue generar desconfianza en el proceso democrático y anticipar denuncias de fraude incluso antes de que se desarrollen los comicios, hechos planeados y ejecutados por el partido Nacional y Liberal, pese a que la representante de Consejo Nacional Electoral, Cossete López, fue denunciada por el Ministerio Público por conspirar contra el proceso electoral.
La postura de Estados Unidos y los sectores derechistas hondureños supone una grave escalada de intervención extranjera, lo que al fin de cuentas pone en peligro la transparencia las próximas elecciones y se suma a un historial prolongado de injerencias externas en la vida política nacional, tal como ocurre desde los años ochenta, el golpe de Estado de 2009, los fraudes electorales contra el partido Libertad y Refundación (Libre) en 2013 y 2017, cuando la encargada de negocios de Washington en Honduras Heide Fulton avaló uno de los más graves atentados contra la democracia como el fraude de 2017 que reconoció como ganador a Juan Orlando Hernández, reelegido ilegalmente y actualmente condenado a 45 años de prisión en EEUU por narcotráfico.
Durante la sesión legislativa en Washington, uno de los testigos llevados por Salazar, acérrima enemiga de los gobiernos progresistas, fue el abogado Carlos Trujillo, mismo que reconoció vínculos contractuales con Próspera y con Banco Ficohsa, quien fue cuestionado por el congresista Joaquín Castro, al señalar que el testimonio carecía de “objetividad” y no podía considerarse imparcial debido los intereses económicos que representaba en Honduras.
Además, Trujillo estuvo implicado y sostuvo diversas reuniones con Hernández referente a los proyectos ilegales denominados “ciudades modelos” incluida Próspera.
La congresista Salazar lejos de apoyar el sistema democrático en Honduras, rememoró el golpe de Estado en 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya, señalando que en ese momento las Fuerzas Armadas golpistas habían “salvado al país”, por lo que instó a las fuerzas militares a ejecutar un golpe igual que hace 16 años.
Al expresar sus indeclinables intereses sobre el territorio hondureño, Salazar quien toma decisiones de forma unilateral afirmó “Estados Unidos observa de cerca y no permitiremos que el socialismo robe la voz del pueblo”.
Las amenazas directas no forman parte de un plan aislado, la historia del país centroamericano ha sido objeto de campañas de desprestigió divulgadas por los medios corporativos en Honduras y otros actores injerencistas en Estado Unidos.
En contraste, expertos advierten que, ante la escalada de campañas de desinformación, pronunciamientos unilaterales de funcionarios extranjeros y la coordinación transfronteriza de actores de derecha, la comunidad internacional debe defender este principio con coherencia y determinación.
BRP
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