Elaborado por: Mario Sorto Gallardo, —máster en Sociología Política, Instituto Mora—
25 nov (AHN) Sí, Honduras es un Estado soberano, libre e independiente, según su Constitución. Esto significa que el poder emana del pueblo, quien tiene la capacidad de autogobernarse, darse sus propias leyes y que ninguna autoridad externa puede inmiscuirse en sus asuntos internos.
Pero una cosa es la imagen y otra cosa es la práctica. Aunque actualmente existan esfuerzos por reivindicar la soberanía estatal y por construir un Estado que pueda perseguir sus objetivos oficiales de forma autónoma, aún con la resistencia de las elites nacionales, siempre persisten los actores, que, así como en el pasado, también actualmente solicitan la intervención del país que todavía sigue siendo el más poderoso.
Históricamente, los políticos de varios países en América Latina, incluyendo a Honduras, han solicitado la intervención militar o política de los Estados Unidos de América en sus asuntos internos. Ya sea con o sin invitación, estas intervenciones han estado motivadas por intereses económicos, geopolíticos y de seguridad nacional, buscando a menudo instalar regímenes afines, de derecha y conservadores. Esta política ha incluido golpes de Estado y el apoyo a dictaduras militares, pero ¿cuáles son las motivaciones de los actores nacionales que solicitan la intervención?
Al igual que en el pasado, todos los actores involucrados en el proyecto intervencionista, tanto extranjeros como nacionales, plantean como argumento, la necesidad de “garantizar que prevalezca la democracia en la región”, como sostuvo una reconocida figura política de ese país. Sin embargo, las razones verdaderas suelen ser la protección de intereses propios de las elites terratenientes, comerciales, financieras, etc. ¿Y la democracia? El lenguaje democrático es imprescindible para legitimar la defensa de estos intereses particulares.
¿Entonces qué ha cambiado en la actualidad? Para no perder la costumbre, son los mismos partidos políticos de derecha y los políticos conservadores, con los actores privados tras bastidores, los que han estado solicitando de manera sistemática, una nueva intervención, y claramente contraviniendo el artículo 1 de la Constitución. La intervención directa o indirecta en los asuntos de otro Estado está prohibida incluso por la carta de la ONU, aunque la invitación de estos actores nacionales ha dado “rienda suelta” a toda una institucionalidad extranjera.
En el marco de las elecciones generales, son varios los actores de los partidos políticos en oposición que han realizado enormes esfuerzos para solicitar la intervención de los EE. UU. en este proceso, argumentando que la democracia corre peligro, entre denuncias anticipadas de un fraude electoral. Cabe destacar que, aunque ha existido un clima de tensión, producto de los desacuerdos entre los miembros del CNE, el ente encargado del proceso, parece que, a pocos días del proceso, estas divergencias han sido resueltas. De cualquier forma, el CNE está integrado por las principales fuerzas políticas del país, el oficialista LIBRE y los tradicionales, en una especie de alianza, Partido Nacional y Partido Liberal.
La democracia nunca ha sido defendida por un proceso de intervención extranjera. La democracia, entendida como método político para la elección de los líderes encargados de tomar las decisiones políticas y de ocupar los puestos clave de gobierno, es un asunto interno. En este sentido, la elección de los y las representantes, ya sea de izquierda o de derecha, es un asunto ciudadano. Es la propia ciudadanía la que tiene el poder de evaluar si sus representantes persiguen los objetivos de igualdad y libertad, es decir, los contenidos de la democracia.
Por lo tanto, frases de actores externos como “no permitiremos que otro país de nuestra región caiga en manos del socialismo”, no tienen cabida en este proceso, en la búsqueda del ideal democrático, del gobierno del pueblo. Por lo tanto, que un actor nacional solicite la intervención de otro actor estatal extranjero en el proceso democrático del país que busca gobernar, por cualquiera que sea la motivación, es una práctica antipatriótica y antidemocrática.
La construcción de una buena democracia y de un Estado con capacidad organizativa y burocrática para implementar proyectos de gobierno que garanticen orden, desarrollo económico y la inclusión social, solamente será posible con actores nacionales que antepongan los intereses nacionales, aún frente a la resistencia de las elites comerciales y financieras nacionales, e incluso de los actores estatales y no estatales transnacionales, con intereses económicos y geopolíticos en la región.
La opinión del autor no necesariamente responde a la línea editorial de la Agencia Hondureña de Noticias.
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