Transportistas hondureños piden al nuevo gobierno mantener subsidio a los combustibles
Elaborado por: PhD. Juan Mejía – López, antropólogo político. University College of London
18 nov (AHN) A 12 días de las elecciones generales hondureñas de 2025 ya han iniciado algunas de las rutinas clásicas de las democracias liberales, y no tanto, del siglo XXI. Previo al proceso electoral comienzan a arribar al país anfitrión aviones de todas partes del mundo, principalmente del norte global, aviones cargados con integrantes de misiones de observación internacional.
Entre ellos habrá voluntarios atraídos por la reputación exótica de una nación que conocerán por postales con imágenes del caribe, o las diatribas del presidente Donald Trump o sus allegados. Una minoría, se compondrá de profesionales, veteranos de docenas de elecciones o en la política exterior de sus países de origen.
La década de 1990 fue testigo de una explosión de las prácticas monitoreo electoral, producto de las condiciones políticas propias del fin de la guerra fría. El fortalecimiento democrático, en lugar de la seguridad frente a una supuesta amenaza soviética, pasó a convertirse en la principal justificación para la injerencia en política nacional. De igual manera, los organismos multilaterales y una amplia gama de ONG’s comenzaron a utilizar de forma más amplia la condicionalidad política en sus intervenciones.
Estas condiciones han resultado en que hoy en día las misiones de observación internacional sean invitadas en 4 de cada 5 elecciones nacionales. Con relación a sus objetivos manifiestos, existe evidencia de que la observación internacional no suele brindar resultados tangibles en cuanto a la prevención del fraude, puede incrementar la evidencia proveniente de grupos no-estatales, y caracterizarse por parcialidad.
¿Por qué se continúa realizando la observación si esta no parece cumplir con sus objetivos? En primer lugar, porque se ha logrado convertir en una normativa internacional para legitimar procesos electorales. En otras palabras, como ocurrió con el proceso electoral iraní del año 2009, la no realización de observación se utiliza como evidencia por sí misma de la existencia de fraude electoral. La invitación hacia algunas organizaciones, independientemente de sus resultados en el pasado o de su parcialidad, se transforma en un ejercicio obligatorio.
De esta forma, la obligación de invitar observadores internacionales cuyas prácticas se basan en estándares concebidos en el norte global a partir experiencias propias de la operación de la democracia liberal en ese contexto y finalmente implementada por organizaciones dependientes en términos finan no puede ser un acto políticamente neutral. La realización de observaciones internacionales, más perseguir un fin técnico, tiene una impronta geopolítica, al permitir deslegitimar procesos electorales en el sur global.
Mas allá de tratarse de la reproducción de patrones culturales, es relevante apuntar que uno de los principales efectos de la observación es generar credibilidad en el proceso. Como apunta la literatura, esto no se trata de algo universal, sino que la capacidad de la observación internacional depende de las percepciones locales entorno a la imparcialidad y capacidad técnicas de los observadores.
El pasado 15 de octubre en Honduras se inicio el proceso de acreditación de los integrantes de las 25 organizaciones registradas para participar, siendo las que cuentan con mayor número de integrantes las misiones de la Unión Europea (138), la OEA (96) y la Embajada Americana (79). Así también, se ha aprobado la participación de organizaciones menos reconocidas, pero de notable relevancia, tales como la Fundación Disenso; think-tank del partido español con simpatías fascistas VOX.
La Misión de Observación Electoral de la UE, a la vez que la de la OEA tuvieron un papel histórico cuestionado en el disputado proceso electoral de 2017. Continua vigente la memoria de su escasa contundencia frente a esas controvertidas elecciones generales, y la impresión de parcialidad. En vista de esto, podemos ofrecer una apreciación preliminar de la influencia que podrán tener los observadores con relación a los dos escenarios más estadísticamente probables a la fecha:
Una victoria contundente a nivel presidencial del oficialista Libertad y Refundación dejaría muy poco espacio para que los informes de estas organizaciones tuvieran incidencia en términos tanto locales como internacionales. Asimismo, el reconocimiento del resultado por parte de las agrupaciones políticas de oposición no sería un elemento determinante en la posibilidad de construir mayor gobernabilidad democrática en el corto plazo.
Una victoria por un ajustado margen de cualquiera de las agrupaciones políticas centraría tanto a nivel nacional como internacional los informes que puedan ser emitidos por los observadores internacionales. Si bien a nivel nacional su imparcialidad no permitiría que sean un factor determinante en la credibilidad del proceso, a nivel internacional generarían un espacio de maniobra considerable para actores políticos en Estados Unidos interesados en intervenir directamente en el proceso electoral hondureño.
En este escenario, a nivel nacional, la literatura indica que el principal riesgo de la actuación de los observadores internacionales sea actuar como incentivo a la violencia política de grupos opositores.
Independientemente de lo que depare el escrutinio del 30 de noviembre de este año en Honduras, la pregunta planteada satíricamente por Juvenal hace más de dos milenios, ¿Quién vigila a los vigilantes?, continúa vigente. La construcción de una sociedad democrática no es un proceso técnico a ser implementado por agentes que se presumen imparciales, sino un proyecto colectivo que debe emerger de los pueblos.
En última instancia, ninguna misión externa puede sustituir la responsabilidad interna de construir procesos electorales legítimos, transparentes y acordes a las aspiraciones democráticas de la sociedad hondureña.
La opinión del autor no necesariamente responde a la línea editorial de la Agencia Hondureña de Noticias.
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