Informe legislativo señala violaciones constitucionales en proceso electoral hondureño
Tegucigalpa, 5 dic (AHN) La reciente decisión de Donald Trump de conceder un indulto al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández —condenado por narcotráfico en una corte de Nueva York— ha reavivado fuertes cuestionamientos internacionales sobre la incoherencia de su política frente al combate al crimen organizado, al promover un discurso de “mano dura” mientras perdona a figuras vinculadas a delitos graves.
De acuerdo con reportes de medios internacionales, Trump habría otorgado alrededor de 2,000 indultos durante su gestión, incluyendo a personas condenadas por corrupción, narcotráfico y otros crímenes federales.
Esta política de clemencia contrasta con su narrativa pública de lucha frontal contra el tráfico de drogas y el crimen transnacional.
Juan Orlando Hernández, miembro del opositor Partido Nacional (PN), fue extraditado en 2022 y condenado en 2024 por un tribunal de Nueva York por traficar más de 400 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, además de delitos de corrupción y vínculos con estructuras criminales.
Durante el juicio, fiscales estadounidenses afirmaron que el exgobernante convirtió a Honduras en un “narco Estado”, por lo que recibió una sentencia de 45 años de prisión, una de las más severas contra un exjefe de Estado en la región.
Diversos sectores consideran que el indulto concedido por Trump constituye una señal contradictoria para la lucha internacional contra el crimen organizado, al debilitar los compromisos de cooperación judicial y enviar un mensaje de impunidad en casos de alto impacto político.
Analistas también señalan que esta decisión vuelve a colocar bajo incertidumbre proyectos impulsados durante el gobierno de Hernández, como las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), promovidas desde el Congreso Nacional y posteriormente desde la Presidencia.
Estas zonas fueron ampliamente cuestionadas por limitar la soberanía nacional y establecer regímenes especiales con débil control estatal.
La derogación de la ley de las ZEDE por parte del actual gobierno y su posterior declaración de inconstitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia en 2024 cerraron un capítulo que provocó fuertes movilizaciones sociales en Honduras bajo la consigna “Fuera ZEDE, fuera JOH”.
Ya desde 2012, la Presidenta Xiomara Castro había calificado estas iniciativas como una “venta de la patria a pedazos”.
El caso refuerza la percepción de una postura ambigua e incoherente de Trump, que mientras mantiene un discurso de combate al narcotráfico, adopta decisiones que —según especialistas— terminan debilitando la credibilidad de esa lucha a nivel internacional.
HBD/SAV
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