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Tegucigalpa, 18 nov (AHN) La Procuraduría General de la República (PGR) de Honduras, presentó una demanda contra 97 diputados que aprobaron la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional en 2012 para favorecer la reelección presidencial ilegal del expresidente Juan Orlando Hernández.
La demanda presentada por la PGR ronda los 54 millones de lempiras (más de dos millones de dólares) contra diputados del Congreso Nacional del periodo 2010-2014 fue interpuesta ante los Juzgados de lo Civil.
En ese sentido, el exfiscal Edmundo Orellana, valoró y consideró la demanda como “la primera acción coherente con la política de lucha contra la impunidad (…) Felicito a la PGR, que con esto ya superó al Ministerio Público, por buscar que se castigue a los violadores de la Constitución y reparen los daños económicos que ocasionaron al país”.
En un fallo dictado en 2024 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) determinó que Honduras es responsable internacional por la “destitución arbitraria e ilegal” de los magistrados José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira.
Por su parte, el Estado hondureño asumió su responsabilidad y por consiguiente demando a los legisladores del periodo (2010-2014) por la acción ilegal contra los funcionarios del poder judicial.
“El Estado de Honduras reconoce su responsabilidad y ratifica su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones convencionales derivadas del Pacto de San José, la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos”, manifestó el procurador general, Manuel Díaz, a medios nacionales.
Entre los nombres de los demandados figura, Juan Orlando Henández (preso en Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico), Mauricio Oliva Herrera, José Tomás Zambrano, Eliseo Noel Mejía Castillo, Gonzalo José Rivera Medrano, Gustavo Alberto Pérez Cruz, Hipólito Graciela Rodríguez, José Tomás Ponce Posas.
BRP
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