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Tegucigalpa, 1 jul (AHN) La Junta interventora del Instituto de la Propiedad —IP— de Honduras, denunció hoy un supuesto desfalco de al menos 12 mil millones de lempiras —unos 457 millones de dólares— durante administraciones anteriores.
En una conferencia de prensa, el secretario ejecutivo del IP, Francisco Bocanegra, señaló que se utilizó la Unidad Coordinadora de Proyectos —UCP— como un mecanismo para drenar los recursos de la institución, evadiendo los controles establecidos por la Ley de Contratación del Estado.
“Estos personajes sabían lo que hacían. Dieron vida a la UCP para no pagar formularios, evadir procesos transparentes y tener su propia chequera personal-privada, disponiendo del dinero a discreción”, expresó Bocanegra.
El funcionario dio a conocer que el Ministerio Público tiene más de 20 líneas de investigación sobre el IP, que incluyen casos de falsificación de boletas de revisión, uso de documentos falsos y colusión con notarios públicos.
Bocanegra, también denunció que la UCP habría utilizado los fondos para ejecutar obras cuestionadas, como las denominadas “casas chatarra” construidas con contenedores en la salida al sur de Tegucigalpa, zona central.
Asimismo, indicó que los fondos manejados por esta unidad habrían sido objeto de un uso excesivo y desmedido, lo que representó un fuerte golpe a las finanzas del Estado que ascendió a casi 17 mil millones de lempiras —más de 648 millones de dólares—, los cuales fueron despilfarrados en actos de corrupción.
Además, denunció la contratación masiva de personal con fines políticos, sin que existieran funciones reales asignadas a los empleados.
“Utilizaron los fondos de la UCP, para contratar 514 personas con fines políticos que no justifican la razón de su contratación”, sostuvo Bocanegra.
Cabe recalcar que en mayo de 2024 la Presidenta Xiomara Castro ordenó la intervención del IP, tras denunciar el presunto desvío de más de 18 mil millones de lempiras —alrededor de 686 millones de dólares—.
Según la mandataria, estos fondos fueron utilizados sin registros fiables y en violación de la ley, destinándose a construcciones de viviendas, gastos publicitarios y supuestas obras sociales, desviándose así del objetivo original del fideicomiso, que era la transformación digital del IP.
Además, se reveló que, tras la liquidación de los fideicomisos por el Congreso Nacional, se realizaron erogaciones ilegales por más de mil millones de lempiras, así como inscripciones irregulares de terrenos y vehículos, hechos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su investigación.
HBD
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