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Tegucigalpa, 10 jul (AHN) El Gobierno de Donald Trump redobló hoy su ofensiva contra los inmigrantes al aprobar dos decisiones que impactan en miles de personas, muchas de ellas centroamericanas, que residen legalmente o participan en programas educativos en Estados Unidos.
Por un lado, el Departamento de Educación revocó una norma vigente desde 1997 que permitía a inmigrantes indocumentados acceder a fondos públicos para programas de educación técnica, profesional y para adultos.
La secretaria de Educación, Linda McMahon, justificó la medida asegurando que busca “garantizar que estos recursos beneficien únicamente a ciudadanos estadounidenses”.
“Los contribuyentes ya no financiarán a inmigrantes ilegales en nuestros programas de educación”, afirmó McMahon.
Con esta decisión, el Gobierno de Estados Unidos desmanteló una política impulsada durante la administración de Bill Clinton, que reconocía el acceso a la formación profesional como una herramienta de inclusión social.
En paralelo, el Departamento de Seguridad Nacional anunció la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para cerca de 76,000 migrantes de Honduras y Nicaragua.
Esta figura, vigente desde 1999, protegía a quienes huyeron tras el paso del huracán Mitch, que en 1998 causó más de 10,000 muertes en Centroamérica. La medida entrará en vigor el próximo 6 de septiembre.
La Casa Blanca continúa así con su estrategia de eliminar progresivamente los programas de protección migratoria. Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ya ha suprimido el TPS para ciudadanos de Venezuela, Haití, Afganistán y Camerún, afectando a cientos de miles de personas.
Mientras tanto, la administración de Joe Biden había prorrogado el TPS en 2023, al considerar que las condiciones que motivaron su creación, desastres naturales, crisis políticas y violencia estructural persistían en la región.
JAS
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