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Tegucigalpa, 26 ago (AHN) El Ministerio Público (MP) mediante las Fiscalías del Circuito Anticorrupción, presentó hoy varios requerimientos fiscales contra diversos exfuncionarios, empleados públicos y servidores de justicia por el delito de defraudación de la hacienda pública.
Mediante un comunicado oficial, la institución detalló que también la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción (FETCCOP), solicitó un antejuicio por el delito de malversación contra el alcalde de Santa Rosa de Copán, Aníbal Erazo Alvarado y dos regidores más.
“Estos funcionarios habrían aprobado de manera irregular la donación de un terreno a la madre del juez de Justicia Municipal, Bayron René Hernández Castañeda, quien ya fue acusado de recibir coimas a cambio de agilizar trámites en la municipalidad”, detalló el MP.
Asimismo, notificó de ocho requerimientos fiscales contra exmiembros del Consejo Directivo del Hospital Escuela por suponerlos responsables de generarse aumentos de formal ilegal y selectiva de su remuneración.
De igual manera, informó de la acción se extiende para cuatro agentes de la Dirección Policial de Investigaciones por allanar ilegalmente y extraer 50 mil lempiras (alrededor de 1,900 dólares) de la vivienda de un habitante en Ocotepeque, zona occidental del país.
Del mismo, subrayó que la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal acusó de manera formal a empleados del Instituto de la Propiedad y personas particulares por planificar un fraude inmobiliario en la ciudad de San Pedro Sula.
“Al falsificar falsas escrituras y utilizar la firma de notarios para registras de inmuebles en el Registro de la Propiedad. Con esas inscripciones vendieron dichos inmuebles a víctimas que pagaron millonarias sumas de dinero”, especificó.
La institución del Poder Judicial también requirió a un agente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal y dos empleadas del mismo poder.
Por su lado, la Fiscalía Especial Contra los Delitos Tributarios y Conexos, presentó cargos contra dos empleados de la Administración Aduanera por incumplimiento de los procedimientos internos de dicha institución y dos casos por los delitos de defraudación fiscal y contrabando, por ser consideradas como faltas en perjuicio económico contra el Estado hondureño por medio millón de lempiras (más de 19 mil dólares).
PCG
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