Tegucigalpa, 2 dic (AHN) La exprimera dama y “cómplice”, Ana García anunció hoy que su esposo, el expresidente y exconvicto Juan Orlando Hernández se encuentra en libertad tras ser indultado por el gobernante estadounidense, Donald Trump, luego de sentencia por delitos de narcotráfico.
García difundió la información en su cuenta de X, acompañando el mensaje con una captura del Buró Federal de Prisiones (BOP) en la que el exmandatario —identificado con el número 91441-054— figura como liberado a partir del 1 de diciembre de 2025.
En declaraciones para un medio local, señaló que, por ahora, Hernández no regresará a Honduras y que será él quien más adelante envíe un mensaje al pueblo hondureño.
El anuncio se produjo días después que el mandatario estadounidense, Donald Trump comunicara en Truth Social que había concedido un “indulto total” a Hernández, a quien describió como víctima de “persecución política”, aunque no presentó pruebas que respaldaran tal afirmación.
La decisión generó fuertes reacciones políticas en Honduras, en medio de un clima electoral marcado por la cercanía de Donald Trump con el candidato nacionalista de derecha, Nasry Asfura, y por su abierta oposición a la aspirante presidencial del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada.
Organizaciones de migrantes en Estados Unidos, Alianza Américas y mandatarios del continente se sumaron a la denuncia nacional y calificaron el indulto como un retroceso en la lucha antidrogas, Trump estaría usando el sistema judicial como una herramienta personal.
Los planes del presidente de Estados Unidos contradicen la evidencia que los fiscales utilizaron para condenar al exjefe de Estado por cargos de tráfico de cocaína.
Ascenso y caída del expresidente
Hernández se desempeñó como congresista y luego presidente del Congreso Nacional antes de ser elegido para dos mandatos consecutivos como presidente de Honduras entre 2014 y 2022.
Durante ese tiempo, los fiscales estadounidenses evidenciaron que se coludió con una amplia gama de narcotraficantes de alto perfil para contrabandear más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos a cambio de millones de dólares en sobornos.
El expresidente hondureño a menudo conocido por sus iniciales JOH, es uno de los pocos jefes de estado procesados por narcotráfico en Estados Unidos.
Su caída comenzó en octubre de 2016, cuando su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández, se convirtió en persona de interés en una investigación antidrogas estadounidense.
Tony, arrestado a finales de 2018, durante su juicio, expuso pruebas que vinculaban a JOH con actividades ilícitas.
El caso de JOH fue uno de los juicios por narcotráfico más arrolladores cuando en 2024 lo declararan culpable de tráfico de drogas y conspiración con armas, y condenado a 45 años de prisión, acta que aparecía en prisión hasta 2060, pero que según su esposa se cumplió hasta 2025.
Los fiscales sostuvieron que durante más de 20 años Hernández ayudó a orquestar una vasta conspiración que convirtió a Honduras en un bastión del comercio internacional de drogas.
Testimonios de capos y sobornos
Durante el juicio federal en Nueva York se presentaron testimonios y pruebas que detallaron sobornos, bolsas de dinero en efectivo, armas personalizadas y una red de protección que involucraba a miembros del Estado.
La condena de Hernández se logró en parte gracias a los testimonios contundentes de varios capos de la droga en su juicio en Nueva York.
El principal de ellos fue Alexander “Chande” Ardón narcotraficante convicto y exalcalde del municipio de El Paraíso, un pequeño pero importante punto de tráfico en la ruta de la cocaína cerca de la frontera entre Honduras y Guatemala, de acuerdo a datos de InSight Crime y un reconocido periódico estadounidense.
Los tratos de Ardón con la familia Hernández se remontan a finales de la década de 2000, según documentos judiciales.
Durante esos años, canalizó dinero a las campañas políticas de JOH y otros funcionarios del derechista Partido Nacional a través de Tony a cambio de protección para los cargamentos de cocaína que transportaban.
Esto no fue todo, Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder de la red de narcotráfico “Los Cachiros”, también testificó que le pagó al cartel de los Hernández 250,000 dólares (6,582,500 lempiras) para proteger sus actividades de tráfico de cocaína.
Tony era a menudo el intermediario de estos pagos, aprovechando sus contactos políticos para conectar a miembros de los grupos criminales “Cachiros” y “Valle Valle”, así como a Víctor Hugo Díaz Morales, alias “El Rojo”, figura influyente en el narcotráfico regional que se convirtió en un testigo clave.
Los fiscales mostraron una ametralladora con el nombre de Hernández grabado en ella y documentaron cómo el mexicano, Joaquín “El Chapo” Guzmán pagó un soborno de hasta 1,000,000 de dólares a favor de Hernández, monto equivalente a 26,330,000 lempiras.
Testigos relataron que Hernández se jactó en una ocasión diciendo “vamos a meter la droga en las narices de los gringos” y que en la práctica ordenó tanto a la Policía Nacional liderada por su aliado, comisionado general en ese entonces, Juan Carlos “Tigre” Bonilla —extraditado por el mismo delito—y a la cúpula de las Fuerzas Armadas a proteger a quienes le pagaban.
Los documentos y testimonios del proceso señalaron que sobornos de 50,000 y 100,000 dólares —equivalentes a 1,316,500 y 2,633,000 lempiras, respectivamente— se usaron rutinariamente en la red criminal.
El dirigente de “Los Cachiros” también declaró que entregó 250,000 dólares —6,582,500 lempiras— a la hermana, Hilda Hernández a cambio de protección; otro traficante confirmó haber entregado personalmente una coima de 250,000 dólares.
Asesinato, corrupción, drogas y represión
Los fiscales en esa ocasión afirmaron que, para proteger la trama, un acusado fue asesinado en una prisión hondureña, se trata de Nery Orlando López Sanabria.
Se utilizó dinero del narcotráfico para manipular el voto en al menos dos elecciones, en 2013 resultó elegido presidente con respaldo financiero de redes criminales, mientras que en 2017 fue proclamado de nuevo presidente en unas elecciones rodeadas de denuncias de fraude, que detonaron protestas y episodios de violencia en los que murieron más de dos decenas de personas mientras las fuerzas estatales reprimían.
Ese ciclo de corrupción y violencia alimentó el clamor público contra esa dictadura, con consignas como “Fuera JOH”, “Se van” y “es pa´ fuera que vas”, así como grandes caravanas de migrantes que partieron hacia el norte.
La trayectoria política de Hernández surgió de raíces humildes (nunca fue un millonario) uno de más de una decena de hermanos criados en una región cafetalera y rural, estudió derecho y llegó al Congreso.
Sin embargo, según los fiscales, su carrera fue impulsada por los recursos del narcotráfico desde al menos 2009, cuando buscaba conducir la legislatura.
Para el Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010 se vio sonriendo junto a un conocido jefe de un cártel hondureño, según documentos presentados en procesos previos, al político lo acompañaba, entre otros, Miguel Arnulfo Valle, entonces líder de uno de los carteles más importantes de tráfico de cocaína en Centroamérica.
El juicio en Manhattan, de dos semanas de duración y los procesos previos contra sus asociados describieron un entramado transnacional de corrupción y narcotráfico que abarcaba varios países.
Ganaron millones los cárteles mientras Honduras permanecía entre los países más pobres, violentos y corruptos de Centroamérica, Merrick Garland, entonces fiscal general de Estados Unidos, dijo en 2024 “El pueblo de Honduras y Estados Unidos sufrieron las consecuencias”.
El caso fue comparado por su magnitud con procesos como el del dictador panameño Manuel Noriega tres décadas atrás, por ser uno de los golpes judiciales más contundentes contra una red de narcotráfico vinculada a altos mandos políticos en América Central.
El contexto histórico del país con cerca de 10 millones de habitantes, ha sido por décadas un aliado estratégico de Estados Unidos —desde la presencia de plantaciones bananeras de la United Fruit Company hasta la importancia de bases para operaciones contrainsurgentes y esfuerzos de seguridad regional—.
De acuerdo con red de comunicación de investigación, la baja para Hernández empezó a visibilizarse en 2018 con la detención en Miami de su hermano, luego la condena, dictada en 2024 y celebrada por muchos hondureños que vieron en el veredicto como la caída de un poder que durante años protegió y se benefició de la criminalidad organizada.
La decisión de Trump de indultar a Hernández reaviva ahora debates sobre impunidad, justicia internacional, así como en la injerencia total de ese gobierno estadounidense en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, violentando así la soberanía en la nación centroamericana.
EES
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