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Tegucigalpa, 16 dic (AHN) El Instituto de Investigación y Análisis Geopolítico Alexandre Pétion presentó su informe final de observación electoral en Honduras, donde advirtió debilidades estructurales del sistema electoral y riesgos graves para la gobernanza institucional y democrática.
La Misión que estuvo presente con 62 observadores, apunta que alertó sobre ausencia de garantías suficientes en soberanía tecnológica, auditorías y trazabilidad del voto, factores que comprometieron la integridad del proceso desde su diseño hasta la divulgación de resultados.
Basado en el Marco Constitucional del Proceso Electoral
El informe recordó que el marco constitucional hondureño establece el principio de legalidad electoral, obligando a los órganos electorales a actuar estrictamente conforme a la Constitución y la Ley Electoral vigente.
Asimismo, destacó el principio de transparencia, que exige un proceso verificable por actores políticos, ciudadanía y órganos de control, como condición esencial para la legitimidad democrática del sufragio.
La Misión subrayó el principio de certeza electoral, según el cual los resultados deben reflejar fiel, comprobable y coherentemente la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas.
Además, el informe enfatizó el principio de integridad del voto, que comprende emisión, custodia, transmisión, procesamiento y divulgación correcta de los resultados electorales en todas las etapas del proceso.
La vulneración concurrente y generalizada de estos principios habilita remedios jurídicos extraordinarios, incluida la nulidad del proceso electoral, conforme al ordenamiento constitucional y legal hondureño.
De acuerdo con lo expresado en el informe, la Ley Electoral de Honduras regula expresamente la organización y funcionamiento de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), los mecanismos de escrutinio y transmisión de resultados electorales.
Dicha legislación también establece medidas de seguridad del material electoral, sistemas de contingencia obligatorios y procedimientos formales de impugnación y nulidad de actos electorales.
También, el marco normativo prevé la nulidad cuando se verifican irregularidades graves que afectan legalidad, transparencia o autenticidad del sufragio, especialmente si resultan determinantes o impiden certeza electoral.
Según el informe, la legislación hondureña no exige probar un resultado alternativo para declarar nulidad, sino demostrar objetivamente que el proceso está viciado y carece de fiabilidad jurídica suficiente.
Aplicación de los supuestos legales de nulidad
En ese sentido, la Asociación vislumbran que durante la jornada electoral del 30 de noviembre se observaron dificultades logísticas, fallas operativas, deficiente instalación de JRV y obstáculos en la transmisión regular de actas.
Señalan que las fallas del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) adquirieron carácter sistémico, comprometiendo trazabilidad, integridad y coherencia de los resultados divulgados oficialmente.
La Misión verificó inconsistencias entre actas físicas, bases de datos y divulgación pública, sin posibilidad razonable de verificación integral y confiable del cómputo electoral.
El informe constató fragmentación interna del órgano electoral, interrupciones en la toma colegiada de decisiones y ausencia de medidas correctivas oportunas ante deficiencias técnicas detectadas.
La Misión concluyó que los mecanismos de contingencia previstos por la Ley Electoral no fueron activados de forma oportuna, completa ni eficaz durante el proceso.
También identificó inconsistencias entre actas físicas, registros biométricos, bases de datos y resultados publicados, sin posibilidad razonable de verificación integral posterior.
Estas circunstancias configuran un supuesto de nulidad estructural, al comprometer no solo mesas específicas, sino la confiabilidad global del proceso electoral hondureño.
Conclusión del informe del Instituto de Investigación y Análisis Geopolítico Alexandre Pétion
A la luz de la Constitución y la Ley Electoral, la Asociación Alexandre Pétion concluyó que el proceso del 30 de noviembre de 2025 carece de validez constitucional y legal mínima.
En consecuencia, el informe sostiene que la nulidad y reposición del proceso electoral constituyen el único remedio compatible con la soberanía popular, el orden constitucional y la legitimidad democrática.
JAS
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