Elaborado por: Dante Alfaro —Escritor argentino—
17 dic (AHN) Hace algunos días el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela resolvió rescindir su adhesión al Estatuto de Roma. Dicho estatuto creó la Corte Penal Internacional (CPI) la cual debe ocuparse de tipificar y penar los crímenes de lesa humanidad, genocidio, agresión etc.
El gobierno de Venezuela fundamenta su decisión en la inacción de ese organismo ante las reiteradas violaciones de Israel del cese del fuego que fue acordado con la organización armada Hamás. El “Acuerdo de Paz” inventado por Donald Trump no parece ser sino una nueva farsa para continuar con un plan genocida y neocolonialista.
Fuentes independientes, ONGs, etc. han verificado que las tropas israelíes asesinaron desde octubre de este año a más de 500 palestinos. Según Unicef, al menos 67 de ellos eran niños y niñas. El 29 de noviembre pasado, dos niños de 8 y 10 años respectivamente fueron asesinados por un ataque con drones.
El ejército sionista justificó la acción afirmando que ambos representaban “una amenaza inmediata”. Desde el cese del fuego, los israelíes han destruido 1500 edificios de Gaza y están acusados de disparar contra civiles gazatíes que concurrían a centros de distribución de alimentos. La hambruna también es eficazmente empleada por los ocupantes sionistas para su operación de limpieza étnica.
Mientras tanto en el Mar Caribe y en las costas colombianas del Pacífico fuerzas militares estadounidenses han asesinado en los últimos meses a 85 tripulantes de embarcaciones de pescadores. Según los norteamericanos, eran sospechosos de narcotráfico. Ninguno de esos crímenes de lesa humanidad ha sido ni investigado ni sancionado por organismo alguno. Ni hablar tampoco del silencio escandaloso de la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La incomprobable existencia del Cartel de los Soles, una organización narcoterrorista que involucraría a altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, según Trump, es el argumento que esgrime Estados Unidos para mantener desde agosto de este año un asedio militar en aguas del Caribe contra Venezuela.
El último acto de violación flagrante del derecho internacional lo ejecutó la Marina yanqui al capturar un buque petrolero venezolano. A renglón seguido Trump ha amenazado con nuevos actos de piratería que llaman eufemísticamente “incautaciones” y libra una guerra por ahora psicológica, con amplio despliegue de fuerzas, contra Venezuela.
Todos estos sucesos, por cierto, incompletos, permiten hablar de la sustitución del derecho internacional por la lógica de la pura fuerza bruta.
La discusión entre juristas especializados sobre el derecho internacional, sobre su utilidad en caso de que todavía exista etc. se vuelve bizantina si prescindimos del contexto histórico de los hechos que lo lesionan o ponen en duda. Y en ese sentido no se puede desconocer la situación mundial que puede caracterizarse como de crisis del actual (des) orden internacional, de acelerada descomposición del mismo, donde todas las prescripciones y tratados firmados por los Estados de los países centrales en la post guerra del siglo pasado, saltan por el aire a causa de una crisis de fondo, la del sistema capitalista.
Así es que asistimos al espectáculo sobrecogedor de toda la barbarie y de toda la brutalidad y la crueldad de un sistema condenado por la historia.
El mundo de hoy se debate entre las élites dominantes de la economía, las finanzas y las nuevas tecnologías que luchan para prevalecer, y el resto de la humanidad que pugna por un nuevo orden multipolar inclusivo, basado en la cooperación y el beneficio mutuo. Quien vencerá a quien, depende de la movilización consciente de los pueblos, de sus fuerzas democráticas, políticas y sociales.
Son ellas las que hoy están denunciando con creciente fuerza el genocidio en Israel, las violaciones al derecho internacional y el ataque imperial a los gobiernos que defienden su soberanía y su derecho a un desarrollo independiente, amigable con la Naturaleza y solidarios con todos los pueblos del mundo. Otro mundo es posible y por tanto, sobre nuevas bases, un nuevo derecho internacional más justo.
La opinión del autor no necesariamente responde a la línea editorial de la Agencia Hondureña de Noticias.
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