Tegucigalpa, 26 dic (AHN) En medio del actual escenario político hondureño, marcado por cuestionamientos al Consejo Nacional Electoral (CNE) y señalamientos de injerencia extranjera, el declarado presidente, Nasry Asfura arrastra una serie de presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión como alcalde del Distrito Central.

Investigaciones de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO) del Ministerio Público indican que entre 2017 y 2018 se habrían desviado recursos municipales por un monto aproximado de 28 a 29 millones de lempiras, equivalentes a unos 1,06 y 1,10 millones de dólares.

Según los expedientes, los fondos en mención salieron de un fideicomiso municipal mediante cheques y transferencias hacia cuentas personales y de terceros, bajo “conceptos de fondos rotatorios, especiales y supuestos reembolsos”.

Esta información data desde el pasado 10 de octubre de 2024, y por medio de ella, la fiscalía hondureña, a través de UFERCO, presentó un requerimiento fiscal formal contra Asfura y otros exfuncionarios municipales. 

En el documento se les imputaron delitos como lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documentos falsos y violación de los deberes de los funcionarios. 

La acusación describía un presunto esquema diseñado para drenar recursos públicos mediante la emisión de al menos 32 cheques y la canalización de fondos hacia personas y empresas presuntamente vinculadas.

Entre otros de sus conspiradores para desviar fondos figuran Cinthia Borjas, Nilvia Castillo, Mario Zeron; Rony López, Wilmer Rodriguez; Roger Amador y Oscar Uriarte.

Medidas cautelares 

Como parte de este proceso judicial, un juez dictó medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salida del país y la imposición de cauciones económicas para asegurar la comparecencia de los imputados ante los tribunales.

Las pesquisas contra el próximo Jefe de Estado impuesto bajo serias injerencias y complot electoral orquestados por las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, no son recientes. 

Desde 2020 y 2021, se desarrollaron investigaciones que incluyeron el aseguramiento de bienes y empresas relacionadas con Asfura Zablah, según reportes periodísticos, como parte de las diligencias por el supuesto desvío de fondos durante su administración municipal.

Las medidas de aseguramiento incluyeron en ese tiempo a las sociedades mercantiles Cementos S.A. (CESA) con oficinas en la colonia Las Torres de la capital, Tegucigalpa e Inversiones Varias S.A. (INVASA) en colonia Lomas del Mayab y Desarrollo de Construcciones Equipo S.A. (DECOESA), identificándose tres locales (21719, 21718 y 21720) y un plantel ubicado entre la colonia Bernardo Dazzi y la Kennedy.

Pandora Papers

A esos antecedentes se suma su aparición en filtraciones internacionales como los Pandora Papers, donde se le vinculó a sociedades offshore constituidas en Panamá. 

Las investigaciones también registraron vínculos del mandatario con estructuras offshore donde Asfura fue accionista mayoritario de la empresa Karlane Overseas S. A., constituida en Panamá en 2006, cuando fungía como regidor municipal durante la gestión del entonces alcalde Ricardo Álvarez. 

Documentos corporativos indican que el 20 de junio de 2007 los directivos de la sociedad anularon certificados de acciones al portador y emitieron nuevos títulos nominativos, uno de los cuales concentraba 9,999 de las 10,000 acciones de la empresa a nombre de Nasry Juan Asfura Zablah.

Karlane Overseas S. A. continuaba activa en 2018, cuando Asfura ya ejercía su segundo mandato como alcalde del Distrito Central, y a la fecha sigue vigente, según registros mercantiles internacionales. 

Estos datos fueron revelados en filtraciones y bases de datos públicas que dieron pie a cuestionamientos sobre el uso de sociedades en el extranjero mientras ocupaba cargos públicos.

No es la primera vez que el político es vinculado a operaciones de este tipo, una  investigación periodística publicada en abril de 2021 expuso que empresas vinculadas a Asfura donde han sido proveedoras del Estado durante más de 15 años, lo que, según el reportaje, habría ocurrido aprovechando su posición como funcionario público para acceder a información privilegiada.

Aunque la Corte de Apelaciones de lo Penal declaró “ha lugar” la solicitud, el 1 de junio de 2021 la Sala de lo Penal admitió un recurso de apelación presentado por la defensa que revocó temporalmente la resolución y determinó que antes de una acusación penal el Tribunal Superior de Cuentas debía realizar una auditoría especial y emitir un veredicto final. 

Aunque la existencia de empresas en el extranjero no constituye delito por sí misma, el hecho generó cuestionamientos públicos sobre el uso de estas estructuras mientras ejercía funciones públicas en Honduras.

Este oscuro historial resurge con fuerza en el contexto actual, luego de que sectores políticos y sociales denunciaron que el CNE impuso un resultado electoral fraudulento, financiado y dirigido desde Estados Unidos.

EES

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