Geopolítica, soberanía y militares extranjeros

Elaborado por: Manolo Pichardo

26 dic (AHN) La reciente intensificación de las acciones de Estados Unidos para reforzar su presencia militar en la República Dominicana y el Caribe ha generado una profunda evaluación sobre sus verdaderos motivos y consecuencias.

Estos movimientos se interpretan como una reacción a la reconfiguración geopolítica global, un escenario en el que el país norteamericano enfrenta una palpable pérdida de influencia comercial, poder económico y, consecuentemente, un menor peso político y diplomático.

Esta disminución de influencia se produce ante la emergencia de países del Sur Global agrupados en los BRICS Plus, articulación que representa más del 50% de la población mundial y cerca del 40% del PIB planetario, con un liderazgo evidente de China y el desplazamiento del G7.

Ante esta nueva realidad, los crecientes desencuentros internos en el club de países ricos y el cada vez más difícil acceso a materias primas cruciales para el desarrollo tecnológico civil y militar (como las tierras raras, concentradas en un 80% en China), la mirada de Washington se ha volcado hacia Latinoamérica, por ello la región, con su abundante materia prima y 700 millones de consumidores, ha pasado de ser ignorada a ser considerada un componente estratégico clave en sus diseños geopolíticos.

En República Dominicana, esta presencia militar despierta temores y rechazo en sectores importantes de la población, ya que el país fue intervenido militarmente por Estados Unidos en dos ocasiones, en 1916 y en 1965: dos heridas que permanecen abiertas en el corazón del pueblo dominicano, por lo que cualquier anuncio sobre una presencia castrense de la nación que arrebató la soberanía en episodios traumáticos genera inquietud.

La reciente autorización, por parte del presidente Luis Abinader, que permitiría la presencia de fuerzas uniformadas estadounidenses en el aeropuerto civil de Las Américas y militar de San Isidro, ha provocado reacciones que cuestionan su constitucionalidad, pues se argumenta que el acuerdo podría violar el artículo 93, literal L de la Constitución, que atribuye al Congreso de la República la aprobación o desaprobación de los tratados y convenciones que suscriba el Poder Ejecutivo.

}Por ello, la sociedad dominicana ha recibido el anuncio con una mezcla de dudas, cautela y rechazo; una reacción que se explica por la memoria colectiva que guarda el horror del 1965 y recuerda la humillación del 1916 en los textos de historia sin resentimiento, porque los dominicanos aman al pueblo estadounidense, aunque recelan de sus élites.

Ante este panorama, la justificación oficial de la “cooperación antidrogas” se ve ensombrecida por una profunda desconfianza, siendo vista más como un argumento para una estrategia geopolítica más abarcadora. Las dudas se sustentan en precedentes de alineamiento del actual gobierno dominicano con la política exterior de Washington, como el anuncio de trasladar la embajada dominicana en Israel a Jerusalén, o la participación en la creación de la “Alianza para el Desarrollo en Democracia”, una entidad que ha buscado sin éxito minar el proceso de integración centroamericana.

Para algunos círculos políticos y académicos dominicanos, el verdadero objetivo no es la lucha contra el narcotráfico, sino el aseguramiento de los intereses geopolíticos estadounidenses. Esta tesis se refuerza con las declaraciones de la exjefa del Comando Sur, Laura Richardson, quien señaló la importancia estratégica de Latinoamérica para su país debido a la abundancia de recursos naturales que posee, enumerando específicamente el litio, el petróleo, minerales como el oro y el cobre, además del agua. Así, lo que se debate es si la presencia militar en la región se inscribe en el marco de una estrategia más amplia que enlaza los intereses estadounidenses en la región y el mundo.

La República Dominicana, que durante años mantuvo una posición neutral respecto a conflictos centrales y que incluso fue bautizada como la “Capital de la Paz” por su capacidad de mediación en crisis regionales (como la resuelta en la Cumbre del Grupo de Río de 2008), corre ahora el riesgo de verse involucrada en la competencia geopolítica entre grandes potencias, perdiendo su autonomía estratégica. Por lo tanto, el país debería buscar un enfoque diplomático más equilibrado y reflexionar sobre su participación en operaciones que violen el derecho internacional, como el aniquilamiento de personas ignorando protocolos legales, debido a que estos hechos podrían tener futuras consecuencias judiciales para ambos países.

La opinión del autor no necesariamente responde a la línea editorial de la Agencia Hondureña de Noticias.

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