Tegucigalpa, 13 nov (AHN) El abogado Ramón Barrios explicó que el requerimiento fiscal contra dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral es un procedimiento penal de orden público y “no” persecución política como figura en los medios corporativos de Honduras.
En un mensaje en su cuenta de X, Barrios explicó que el Ministerio Público (MP) como ente persecutor del delito puede ejercer la acción penal pública para quien atente el ordenamiento legal, especialmente contra el ordenamiento penal público.
De acuerdo con el experto, la acción se ampara en el Código Procesal Penal en los artículos 414 al 416, “los cuales establecen el mecanismo para presentar requerimiento fiscal contra los más altos funcionarios del Estado”.
Según el jurista, “con base en este marco jurídico, el MP está plenamente facultado y legitimado para presentar requerimiento fiscal en cualquier momento, incluso en periodos electorales, cuando los hechos denunciados se consideren constitutivos de delito”.
Barrios recalcó que todo ciudadano, que traspase los límites del ordenamiento legal, puede ser objeto de investigación por el MP.
Por lo tanto, el requerimiento contra el representante del Partido Nacional, Mario Flores y Miriam Barahona, magistrada del Partido Liberal, no constituye una persecución política, sino el ejercicio legítimo del poder punitivo del Estado conforme a la Constitución de la República, al Código Penal y al Código Procesal Penal vigentes.
Los funcionarios acusados habrían incurrido en el delito de prevaricato judicial, tipificado en el Código Penal, artículo 516, por dictar una resolución contraria a derecho y en evidente violación a la Constitución hondureña a petición del diputado Jorge Calix, quien fue rechazado en las elecciones primarias por el pueblo como candidato presidencial del Partido Liberal.
BRP
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