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Elaborado por: Ángel del Castillo-Tagle
Tegucigalpa, 14 nov (AHN) Por años ha sido un secreto a voces, pero hoy, producto de investigaciones independientes y los testimonios de las víctimas, empieza a develarse una macabra realidad: ElGRAVES ABUSOS A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SALVADOR SALTAN A LA LUZ tienen que envidiar a las atrocidades de las tradicionales dictaduras militares de América Latina.
Recién se publica un reportaje del prestigioso periódico estadounidense The New York Times, titulado “Todos ustedes son terroristas: Cuatro Meses en una Prisión Salvadoreña”, sustentado en una minuciosa investigación en el terreno, con entrevistas a decenas de ciudadanos venezolanos que sufrieron la terrible experiencia de estar encerrados en la tristemente célebre mega-cárcel del régimen de Bukele, bautizada cínicamente como como Centro de Confinamiento para el Terrorismo.
Más de 250 migrantes venezolanos estuvieron encerrados por 4 meses en esa cárcel de máxima seguridad, la joya del populismo punitivo de Bukele. Ello gracias a un turbio acuerdo entre Bukele y la administración Trump, representada por Marcos Rubio, que establecía que El Salvador recibiría en sus prisiones a centenares de migrantes expulsados desde Estados Unidos, bajo vagas y nada probadas acusaciones de “terrorismo”.
A cambio, a Bukele le devolverían una docena de cabecillas criminales salvadoreños, enjuiciados en un tribunal federal en Nueva York, con quienes el dictador salvadoreño negoció apoyos electorales en el pasado y una aparente reducción de los asesinatos en las calles y barrios de El Salvador, a cambio de garantías de impunidad, millones de dólares en efectivo y tratos especiales en las prisiones. El objetivo de Bukele: silenciar definitivamente a cualquier testigo de sus tratos oscuros con las pandillas, a las que en público él y su círculo cercano dicen combatir. Así, con la complicidad de Trump y Rubio, frustaría cualquier intento de enjuiciarlo en las Cortes de Nueva York, por sus negociaciones con el crimen organizado.
Los testimonios de los ex prisioneros venezolanos son espeluznantes: apenas ingresaron al presidio fueron “encadenados, golpeados, atacados con balas de goma y gases lacrimógenos hasta desmayarse”. Se les castigaba encerrándolos en un cuarto oscuro, conocido como “La Isla”, donde los guardias los golpeaban y los mantenían de rodillas por largas horas. Uno de los venezolanos secuestrados denuncia que “los agentes penitenciarios empujaron su cabeza dentro de un tanque de agua, simulando que lo ahogaban”.
Otro asegura que “guardias encapuchados lo obligaron a practicarles sexo oral”. En fin, el reportaje del NYT retrata un cuadro dantesco, propio de los campos de concentración de los conocidos regímenes fascistas en Europa y de países latinoamericanos, y pone en evidencia lo que otros, tal vez con menos voz, han denunciado por años respecto a la esencia represiva del gobierno de Bukele.
A lo largo de 4 fatídicos meses, 252 venezolanos estuvieron técnicamente desaparecidos. Bukele nunca facilitó una lista de los secuestrados en su prisión estrella. Un equipo de médicos forenses independientes examinó los testimonios de los ex prisioneros, y los encontraron “consistentes y creíbles”, asegurando que constituyen actos de tortura, bajo los estándares de la ONU.
Esta misma semana se conoció otra investigación, presentada por Human Rights Watch y CRISTOSAL, una reconocida entidad de derechos humanos salvadoreña, cuyos miembros están ahora en el exilio. El reporte señala que los prisioneros venezolanos en El Salvador fueron torturados y sujetos a otros abusos, incluyendo violencia sexual, y concluye que tales violaciones a los derechos humanos no fueron actos aislados de guardias indisciplinados, sino conductas sistemáticas diseñadas para someter y humillar a los secuestrados. La brutalidad y persistencia de los abusos indican que hubo complicidad de las autoridades salvadoreñas de mayor jerarquía en toda esta práctica.
El horror que vivieron estos ciudadanos venezolanos es apenas la punta del témpano. Desde hace años decenas de miles de salvadoreños inocentes están encarcelados sin juicio, sin acceso a abogados y sin ver a sus familias. Al menos 450 de ellos han sido asesinados en prisión. Numerosos líderes sociales, defensores de derechos humanos, opositores políticos y periodistas están encarcelados, perseguidos y sometidos a burdos procesos judiciales.
Muchos miles de personas han sido despedidas de sus empleos, ante la crisis financiera crónica que experimenta el régimen de Bukele. Derechos humanos básicos como el acceso a la salud, el agua y la educación están en franco deterioro, en un escenario donde el costo de la vida se ha disparado drásticamente desde que terminó la pandemia del COVID. Desmanteladas la Constitución, las instituciones y la transparencia, los derechos humanos son las principales víctimas de más de 6 años de un régimen político dictatorial en El Salvador, que está cada vez más desnudo ante su propia población y el mundo.
La opinión del autor no necesariamente responde a la línea editorial de la Agencia Hondureña de Noticias.
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