Tegucigalpa, 21 nov (AHN) La audiencia en Washington, impulsada por sectores del bipartidismo —Partido Nacional y Partido Liberal—, ante el Congreso de Estados Unidos, terminó convertida en un revés político para los partidos hondureños por la cercanía operativa del testigo y abogado —Carlos Trujillo— con el expresidente condenado por narcotráfico por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Juan Orlando Hernández.
La sesión fue calificada como fallida luego que el congresista Joaquín Castro objetara la intervención del abogado Carlos Trujillo, quien a parte del vínculo directo con Hernández, era apoderado de la Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) Próspera, Banco Ficohsa y otros, por lo que convierten en un testimonio dudoso por parte del bipartidismo ante Washington.
Durante la sesión, Castro cuestionó su objetividad, ya que su participación no podía considerarse imparcial debido a los intereses económicos y políticos que tuvo durante su visita a Honduras en administraciones del derechista Partido Nacional.
Por lo tanto, la audiencia del subcomité del Hemisferio Occidental en Washington reabrió nuevos cuestionamientos en contra del bipartidismo, debido a que recurrieron a Trujillo aun conociendo su vínculo directo con el expresidente Hernández, quien fuera condenado por narcotráfico en una corte estadounidense.
Según las intervenciones presentadas, Trujillo habría tenido acceso frecuente a espacios de alto nivel en el complejo policial de la Secretaría de Seguridad, ubicada en aldea El Ocotal, de la capital, Tegucigalpa, donde coincidía con funcionarios del Poder Ejecutivo, la cúpula policial de la época, más los actores diplomáticos estadounidenses que respaldaban el actuar ilegal.
Los testimonios expuestos ante el Congreso de Estados Unidos describen esta relación como un vínculo político y operativo que influyó en decisiones de seguridad y en la configuración del poder durante varios años.
Los datos revelaron que en la administración del Partido Nacional se discutían temas de seguridad, diplomacia y control institucional, aún y cuando ya se ventilaban en medios locales las relaciones de Hernández con carteles de narcotráfico
La sesión también generó polémica cuando Castro desestimó la intervención del propio Trujillo, quien reconoció vínculos contractuales con Próspera y el Banco Ficohsa.
Además, otros medios internacionales recordaron su participación en la validación del pretexto utilizado para el golpe de Estado de 2019 en Bolivia y sus posturas a favor de sanciones económicas severas contra Cuba, así como sus conversaciones con Hernández.
Por tal razón, la documentación se convierte en esfuerzos permanentes para monitorear, documentar y aclarar discursos que buscan distorsionar la realidad nacional o influir en la opinión pública mediante afirmaciones sin sustento, donde los derechistas terminaron enfrentando cuestionamientos sobre los voceros elegidos y los vínculos con el antiguo aparato de poder, así como su estrecha amistad.
En conjunto, los elementos discutidos permiten comprender cómo las interacciones entre Trujillo, la cúpula policial y Hernández formaron parte del entramado político–institucional que continúa bajo escrutinio internacional y que marcó la erosión de la credibilidad de los derechistas nacionalistas tras los señalamientos de narcotráfico que alcanzaron a su líder más influyente.
Trujillo se convierte en una figura que difícilmente puede llegar a representar una institución hondureña, menos para que tenga relación con los procesos, reformas y dinámicas vigentes en la nación centroamericana, por lo que, su visión responde a un contexto político manchado del pasado.
Mientras que, para el bipartidismo hondureño, la sesión se convirtió en un boomerang político que “intentaba” ser una exposición de preocupación democrática, pero que terminó exhibiendo viejos vínculos con figuras cuestionadas que hoy son parte de la negativa que a ocho días de las elecciones generales buscan desestabilizar la democracia hondureña.
EES
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