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Tegucigalpa, 22 oct (AHN) El representante del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Marlon Ochoa, presentó hoy una denuncia ante el Ministerio Público (MP) en la que solicita una investigación urgente sobre un plan de fraude postelectoral.
Según detalló Ochoa ante la prensa, al salir de las instalaciones del MP, el fraude estaría siendo organizado por sectores del bipartidismo tradicional (opositores partidos Nacional y Liberal).
Como supuesta evidencia, Ochoa entregó una memoria USB con 24 audios que, asegura, contienen conversaciones entre una consejera propietaria del CNE y el jefe de bancada de un partido político tradicional.
De acuerdo con el consejero, los audios revelan un plan estructurado para desacreditar, manipular y desestabilizar el proceso electoral general de 2025.
Ochoa afirma que el plan fraudulento contempla varias fases coordinadas para destruir la credibilidad del proceso electoral desde el mismo día de las votaciones, el 30 de noviembre de 2025.
Según los audios, el primer paso sería utilizar las vocerías de la observación nacional e internacional para emitir declaraciones prematuras que pongan en duda la transparencia de las elecciones y deslegitimen los resultados.
El segundo paso, de acuerdo con Ochoa, sería controlar y manipular el transporte de los materiales electorales, generando retrasos intencionales para culpar al CNE o a las Fuerzas Armadas, y así crear una percepción de caos y desorganización.
El tercer componente del plan sería atacar los centros de datos donde se reciben y procesan los resultados preliminares.
Además, Ochoa manifestó que los responsables pretenden interrumpir o sabotear la transmisión de datos e imágenes de las actas de cierre, afectando la publicación oportuna de resultados.
Ochoa advirtió que el modelo de transmisión de resultados acordado para las elecciones de 2025 dependerá de tres empresas privadas de telecomunicaciones: Tigo, Claro y Starlink.
Explicó que el control de estos canales privados deja al proceso electoral vulnerable a caídas o interrupciones deliberadas, lo que podría afectar directamente la integridad y credibilidad de los resultados.
“El control de los datos no puede quedar en manos privadas con vínculos políticos. Una caída en cualquiera de los tres canales puede alterar el flujo de información electoral”, afirmó.
Ochoa señaló a cúpulas políticas del Partido Nacional y del Partido Liberal como los principales actores detrás de esta supuesta conspiración. Los acusó de tener historial en fraudes electorales y en el golpe de Estado de 2009.
“El mismo bipartidismo que manipuló los comicios de 2013 y 2017 ahora busca montar un golpe electoral y traicionar nuevamente la voluntad popular”, expresó en su comparecencia pública.
En su denuncia, Ochoa pidió al fiscal general de la República que inicie de inmediato una investigación penal y electoral para identificar y procesar a los responsables intelectuales y materiales del plan.
Solicitó también que se adopten medidas preventivas para proteger la integridad del proceso electoral y evitar una crisis de legitimidad post electoral.
“El Ministerio Público debe actuar con energía procesal y transparencia. Quien conspira contra el voto popular conspira contra la República”, señaló Ochoa.
El consejero recordó que en 2017 se documentó un fraude electoral que derivó en protestas y en la muerte de al menos 22 jóvenes, según informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Reafirmó que su denuncia busca evitar que Honduras repita episodios de manipulación electoral y garantizar elecciones limpias, libres y soberanas.
“La democracia no se negocia. Este plan criminal no pasará frente al pueblo hondureño”, concluyó Ochoa.
JAS
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