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Tegucigalpa, 20 jun (AHN) El representante del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras Marlon Ochoa, solicitó la ampliación del dictamen legal para la contratación de la empresa de Transmisión de Resultados Electorales (TREP), tras advertir modificaciones introducidas por las consejeras del bipartidismo.
Ochoa, señaló en su cuenta de X que, aunque la Asesoría Legal del CNE estableció el pasado 14 de junio una serie de condiciones para los términos de referencia en la contratación de la empresa encargada del TREP, las concejales Ana Paola Hall y Cossette López, introdujeron modificaciones que permiten la intromisión humana en el proceso de transmisión de resultados de las elecciones.
“Señores Partido Liberal y Partido Nacional, la Asesoría Legal del CNE dictaminó en fecha 14 de junio el pliego de condiciones para contratar el TREP, pero sin los tres párrafos de intromisión humana que le añadieron por mayoría de votos de sus consejeras representantes”, aclaró el representante.
Según el consejero, la centralización ilegal en el conteo de las actas, es una maniobra fraudulenta que violenta los procedimientos establecidos en dicho dictamen.
En ese sentido, expertos afirman que la modificación por medio de la que se permiten la intervención humana directa en la validación de actas es considerado como una alteración indebida del proceso electoral, probablemente para facilitar manipulación de resultados.
“El pretender aplicar el mismo dictamen legal, después de centralizar ilegalmente el conteo de las actas, es por sí mismo, un acto de fraude tramposo”, subrayó.
Ante esos cambios, el concejero representante del partido oficialista, solicitó, a través de la Secretaría General del CNE, la ampliación de dicho dictamen, la cual concluyó que la institución había incurrido en ilegalidad e inconstitucionalidad al usurpar funciones.
“Solicité la ampliación del dictamen legal a través de la Secretaría General de la institución, en el cual se concluye que es inconstitucional e ilegal la resolución del CNE al usurpar la función de los miembros de las 19 mil mesas (JRV) a través de la intromisión centralizada de personas designadas en Tegucigalpa, como se hizo en el año 2017”, aseguró Ochoa.
PCG
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