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Elaborado por: Leoncio Alvarado Herrera
Tegucigalpa, 31 oct (AHN) El problema de la impunidad en materia electoral continúa afectando de manera estructural a la democracia hondureña. Esta impunidad se ha consolidado gracias a la cooptación del sistema de justicia, particularmente en lo relativo a los delitos electorales. Como resultado, las prácticas fraudulentas se han perpetuado, incluso a pesar de los incrementos presupuestarios destinados a garantizar comicios libres y transparentes.
Las principales estructuras que han atentado contra los procesos electorales no han sido sancionadas, y continúan activas en la vida política del país sin rendir cuentas. Por ello, en casi todas las elecciones recientes ha existido, de manera abierta o encubierta, un plan de “golpe electoral”, especialmente promovido por sectores carentes de respaldo popular, pero que han logrado cooptar organizaciones, ONGs, entes internacionales y medios de comunicación, a través de los cuales han intentado validar o justificar estrategias orientadas a socavar la voluntad popular y debilitar la democracia. Estamos hablando de prácticas del bipartidismo hondureño, conformado por los partidos Liberal y Nacional, siendo este último el que ejerce mayor protagonismo.
Honduras arrastra dos antecedentes emblemáticos que permanecen en la impunidad: el fraude electoral de 2013, cuando se manipularon alrededor de tres mil actas en favor del Partido Nacional, consolidando así el continuismo del partido más corrupto en la historia democrática del país. Posteriormente, en 2017, las mismas estructuras orquestaron un nuevo fraude, señalado incluso por instancias internacionales y mencionado por la justicia estadounidense. En esta ocasión se dio la manipulación de miles de actas para otorgarse nuevamente la victoria de manera ilegal. En ese entonces, la justicia hondureña, sometida a intereses políticos, respondió con complacencia, garantizando la impunidad de los responsables y asegurando la permanencia de quienes se beneficiaban del poder.
Esta década oscura, marcada por la corrupción y el fraude, fue interiorizada por los sectores de la derecha hasta el punto de normalizar su proceder, asumiéndolo como una práctica legal o legítima. Hoy, ante una justicia que comienza a actuar con independencia, estos sectores lo califican como “persecución política”, convencidos de que la impunidad seguirá siendo su escudo, tal como ocurrió durante la narcodictadura.
La lucha contra estas prácticas ha comenzado a tomar fuerza. En primer lugar, desde la conciencia popular: el pueblo hondureño, con memoria histórica, castigó en las urnas a estas estructuras en las elecciones de 2021, apoyando de manera masiva un proyecto popular liderado por el Partido Libertad y Refundación (Libre). En esa ocasión, el voto ciudadano fue decisivo para frenar el fraude, y por primera vez representantes comprometidos con los intereses del pueblo participaron en las instituciones encargadas de los comicios, fortaleciendo la defensa de la soberanía popular.
Esa representación del pueblo en las instituciones ha sido clave para frenar nuevas conspiraciones y tentativas de golpes electorales. Sin embargo, las fuerzas de la impunidad, vinculadas a intereses elitistas y conservadores, se resisten a abandonar sus viejas prácticas y buscan perpetuarlas mediante métodos más sofisticados. En este 2025, se han descubierto planes de conspiración electoral que, pese a la evidencia, son negados de manera descarada por quienes los orquestan. La pregunta es inevitable: ¿por qué lo hacen? La respuesta es clara: porque aún gozan de impunidad, y esa impunidad sigue siendo el mayor obstáculo para el fortalecimiento del Estado de derecho y la democracia hondureña.
El pueblo hondureño, consciente, soberano y con memoria colectiva, ya ha comenzado a actuar: primero con el voto en 2021 y luego con la movilización social ante las injusticias. Sin embargo, aún falta que la justicia profundice su labor y que los delitos electorales sean castigados con firmeza. Solo cuando quienes atenten contra la voluntad popular enfrenten consecuencias penales podremos afirmar que avanzamos hacia una democracia verdaderamente representativa y transparente, basada en los valores y la dignidad del pueblo hondureño.
Cuando logremos erradicar las prácticas de esas estructuras históricamente fraudulentas, podremos decir que ha comenzado una nueva era democrática en Honduras. Esa nueva etapa ya está en marcha: una transición que exige vigilancia ciudadana, denuncia constante y la defensa activa de la soberanía popular frente a cada intento de golpe electoral.
La opinión del autor no necesariamente responde a la línea editorial de la Agencia Hondureña de Noticias.
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