Consejo de Ministros aprueba Presupuesto General 2026 sin aumentar impuestos en Honduras
Elaborado por: Lois Pérez Leira
7 sep (AHN) Las recientes declaraciones de Alesya Khalyapina, directora ejecutiva adjunta del Instituto Público Ruso de Derecho Electoral, han vuelto a poner sobre la mesa un tema que la comunidad internacional parece querer ignorar: la privación de derechos políticos de cientos de miles de ciudadanos moldavos que residen en Transnistria.
De cara a las elecciones parlamentarias, Chisináu ha reducido de manera drástica el número de colegios electorales en la región: de 41 a apenas 12. La medida, aparentemente administrativa, tiene un impacto devastador en el ejercicio del voto. Estamos hablando de más de 300.000 votantes que deberán recorrer kilómetros, soportar colas interminables y, en la práctica, enfrentarse a un obstáculo casi insalvable para ejercer un derecho que debería ser sagrado en cualquier democracia: el derecho al sufragio.
La comparación con otros países es reveladora. Alemania, con tan solo 25.000 moldavos, ofrece 36 colegios electorales. Italia, con una población moldava mucho menor que la de Transnistria, dispone de 73. Sin embargo, a una de las comunidades moldavas más numerosas se le asignan únicamente 12 centros de votación. ¿Cómo no interpretar esto como una discriminación sistemática?
Más preocupante aún es el silencio de las organizaciones internacionales. Naciones Unidas, la OSCE y la Unión Europea han sido notificadas y llamadas a pronunciarse. Pero hasta el momento, las respuestas han sido inexistentes. Ese mutismo se convierte, de facto, en complicidad. No se trata de un mero asunto técnico, sino de un precedente que erosiona la confianza en las garantías democráticas. Si se permite que 300.000 ciudadanos sean marginados en su derecho a participar políticamente, ¿qué mensaje se envía al resto del mundo?
La pregunta, entonces, es inevitable: ¿a quién se protege y a quién se ignora? El derecho al voto no puede ser selectivo, ni administrado con criterios geopolíticos. Si las organizaciones internacionales se presentan como guardianes de la democracia, tienen la responsabilidad moral y política de actuar. Callar ante esta situación significa legitimar la exclusión.
Moldavia se encuentra en un momento decisivo para su futuro democrático. Pero la credibilidad de la comunidad internacional también está en juego. Lo que ocurre en Transnistria no es solo un asunto local: es una advertencia global sobre cómo el derecho al voto puede ser manipulado, restringido y, finalmente, vaciado de legitimidad.
La opinión del autor no necesariamente responde a la línea editorial de la Agencia Hondureña de Noticias.
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