Elaborado por: Leoncio Alvarado Herrera
Tegucigalpa, 14 nov (AHN) Las elecciones hondureñas del 30 de noviembre se perfilan como uno de los procesos más complejos de la historia reciente del país. Las tensiones internas dentro de los órganos electorales, las denuncias constantes de irregularidades y los delitos que han obligado a intervenir al Poder Judicial y al Ministerio Público revelan un escenario frágil, altamente disputado y decisivo. La ciudadanía se enfrenta a una encrucijada histórica: regresar al esquema político tradicional que ha dominado por más de un siglo o apostar por la continuidad de un proyecto emergente inscrito en el socialismo democrático. Esa disyuntiva marca un nuevo capítulo en la vida democrática del país.
En cada proceso electoral de América Latina y el Caribe, Estados Unidos se pronuncia invocando la defensa de la paz y la democracia en el hemisferio occidental, un principio que sostiene desde la Doctrina Monroe de 1823. Sin embargo, la reinterpretación contemporánea de esa doctrina parece haber invertido su premisa original: más que contener la injerencia externa, Washington se reserva para sí mismo el papel de actor intervencionista. Recientemente, el Subsecretario de Estado estadounidense emitió una advertencia sobre el proceso hondureño con un tono que muchos percibieron como autoritario, asegurando que su gobierno actuará de manera “rápida” ante cualquier amenaza contra la integridad electoral. La derecha nacional celebró esta declaración como si se tratara de un respaldo explícito a su causa. Pero el mensaje admite dos interpretaciones profundamente distintas.
La primera es la lectura crítica: la injerencia. La democracia y la soberanía solo pueden construirse desde la autodeterminación de los pueblos, sin presiones externas ni amenazas veladas. Si a Estados Unidos realmente le preocupara la democracia hondureña, su compromiso no aparecería únicamente a días de la votación. Honduras ha soportado históricas desigualdades y vive con índices de pobreza superiores al 65 % tras décadas de gobiernos bipartidistas que nunca garantizaban una participación democrática plena ni una paz duradera. La democracia es un proceso continuo, no un acto puntual en las urnas. Quien pretenda protegerla debe acompañar el desarrollo de los países, promover su bienestar y respetar su soberanía. Ningún Estado tiene legitimidad para condicionar o tutelar la voluntad del pueblo hondureño.
Pero existe una segunda lectura, menos solemne y más reveladora: la reacción de la derecha, que ha interpretado las declaraciones del funcionario estadounidense como un aval a su proyecto político. Paradójicamente, es ese sector, que debería preocuparse por la advertencia de “acciones rápidas”, por parte de EE.UU. Son figuras de ese bloque político quienes aparecen vinculadas al plan del golpe electoral revelado en los 26 audios filtrados, y son ellos quienes cargan con un historial de episodios que Estados Unidos conoce de primera mano.
Los antecedentes son elocuentes: el golpe de Estado de 2009, condenado por la OEA; el fraude electoral de 2013 con la manipulación de miles de actas; la reelección ilegal de 2017 que derivó en la crisis más violenta de la era democrática; el caos de las elecciones primarias más recientes; y el intento de imponer de forma irregular un Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP). Todo esto fue impulsado por los mismos sectores que hoy se presentan ante la comunidad internacional como adalides de la democracia. Y, sin embargo, frente a estas graves vulneraciones del orden democrático, la reacción estadounidense fue, en el mejor de los casos, insuficiente.
El pueblo hondureño comprende bien el momento histórico que atraviesa. El problema real no gira en torno al “socialismo del siglo XXI” ni al socialismo democrático, que apenas suma un periodo de gobierno y ha demostrado la posibilidad de impulsar cambios tangibles, y revertir los problemas estructurales. El verdadero problema es una derecha política que, más allá de su ideario, ha cruzado los límites hacia una versión degradada, corrupta y autoritaria del neoliberalismo contemporáneo. Por más que intenten proyectar una imagen de prudencia y respeto institucional, su trayectoria evidencia que no han contribuido a la estabilidad del país ni del hemisferio occidental
Ante este panorama, la mirada de Estados Unidos no debería inquietar a quienes defienden un proceso electoral transparente, sino a quienes han vulnerado de forma reiterada la voluntad popular. La democracia hondureña, con sus desafíos y posibilidades, debe construirse desde el discernimiento crítico de su ciudadanía y bajo el principio irrenunciable de la soberanía nacional. Solo así podrá afirmarse un futuro político auténticamente propio.
La opinión del autor no necesariamente responde a la línea editorial de la Agencia Hondureña de Noticias.
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