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Elaborado por: Lois Pérez Leira
Tegucigalpa, 26 jul (AHN) El juicio contra el expresidente Pedro Castillo, lejos de consolidar la narrativa de la derecha peruana, se ha convertido en un escenario donde la falta de pruebas contundentes y la parcialidad judicial están generando un efecto contrario al esperado. Lo que comenzó como un intento de criminalizar a un líder popular se ha transformado en un proceso que evidencia la fragilidad del sistema judicial y la persistente persecución política en Perú. Además, el juicio ha servido para revitalizar el apoyo a Castillo y potenciar su llamado a construir un amplio frente electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
Un juicio sin pruebas y la deslegitimación judicial
Desde su detención en diciembre de 2022, el proceso contra Castillo ha estado marcado por irregularidades. La acusación de “rebelión” se sostiene sobre un discurso en el que anunció la disolución del Congreso, una medida que sus detractores califican como un intento de golpe de Estado, pero que sus defensores argumentan fue una respuesta desesperada ante un Legislativo hostil que buscaba su destitución desde el primer día . Sin embargo, tras casi tres años de investigación y un juicio oral en marcha, la Fiscalía no ha logrado presentar pruebas concluyentes que sustenten los cargos.
El propio Castillo ha denunciado en audiencias que el proceso es una “pantomima” y que su encarcelamiento es político, señalando que los jueces provisionales carecen de imparcialidad . Esta percepción ha calado en amplios sectores de la población, que observan cómo el sistema judicial parece actuar bajo presiones políticas, especialmente después de que la expremier Betssy Chávez intentara recusar a los magistrados por supuesta falta de neutralidad .
El efecto bumerán: el juicio fortalece a Castillo y debilita al gobierno
Lejos de silenciar a Castillo, el juicio ha amplificado su voz. Cada intervención suya en las audiencias —donde ha denunciado persecución, reivindicado su origen humilde y acusado a la oligarquía de impedir un gobierno popular— resuena entre sus bases . Incluso figuras internacionales como Nicolás Maduro y Gustavo Petro han criticado el proceso, calificándolo de injusto y motivado por razones de clase .
En Perú, la estrategia judicial contra Castillo está teniendo un efecto contraproducente para el gobierno de Dina Boluarte y sus aliados derechistas. La población percibe que el juicio es más una vendetta política que un proceso legítimo, lo que ha generado un aumento de la solidaridad con el expresidente. Encuestas recientes muestran que, aunque la intención de voto directo por figuras vinculadas a Castillo es baja, un alto porcentaje del electorado (37 por ciento) aún se inclina por opciones como “voto en blanco” o “ninguno”, lo que refleja un descontento generalizado con la clase política tradicional .
El llamado a un frente electoral y las elecciones de 2026
En medio del juicio, Castillo ha aprovechado para hacer un llamado a la unidad de las fuerzas progresistas y populares. Su mensaje apunta a construir un amplio frente electoral que dispute las elecciones de 2026, no solo para evitar la fragmentación de la izquierda, sino también para capitalizar el descontento con el establishment político .
Este escenario podría reconfigurar el mapa electoral. Si bien hoy las encuestas muestran a Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez como los principales candidatos, el desgaste del gobierno y el resurgimiento de Castillo como figura simbólica podrían cambiar el panorama . Además, el retorno a la bicameralidad en 2026 abre la posibilidad de que Castillo, si logra evitar una condena, postule al Senado y desde allí impulse una agenda de oposición.
La opinión del autor no necesariamente responde a la línea editorial de la Agencia Hondureña de Noticias.
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