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Tegucigalpa, 7 feb (AHN) En un contexto de creciente desinformación, las Fuerzas Armadas (FF. AA.) de Honduras tomaron la decisión de defender su imagen institucional ante las calumnias vertidas por ciertos medios de comunicación de ese país centroamericano.
Se hizo público recientemente en medios de comunicación que, el coronel Max Alonso Hernández, auditor jurídico militar de la institución, se presentó al Ministerio Público (MP) para solicitar la apertura de una investigación con miras a interponer una querella por injuria contra diversos medios que publicaron información en 2024 que afectó la imagen de las FF. AA.
Cabe mencionar que esta acción se fundamenta en el Artículo 279 del Código Procesal Penal hondureño, el cual otorga a las víctimas el derecho de solicitar investigaciones sobre acusaciones infundadas.
Esta petición presentada ante el MP se generó para solicitar una investigación que identifique la fuente que brindó la información de las noticias publicadas por la prensa hondureña.
El 30 de octubre de 2024, los medios publicaron información sin fuentes verificables sobre las Fuerzas Armadas de Honduras, lo que generó confusión y desinformación.
Una de las noticias difundidas afirmaba que el general Roosevelt Hernández “sacó su arma y le apuntó a la Constitución” en un acto con auxiliares de las FF. AA. Sin embargo, esta grave acusación carecía de pruebas concretas o testimonios creíbles que la respaldaran, lo que pone en duda la ética periodística detrás de su publicación.
Puedes leer la noticia completa aquí: El general Roosevelt saca su arma y le apunta a la Constitución en un acto con auxiliares de las FF AA
Ese mismo día, el medio digital Hondudiario divulgó otra información, donde señaló que dentro de las Fuerzas Armadas existe descontento hacia el general Roosevelt Hernández.
Según la nota, “capitanes, tenientes coroneles, coroneles y unos tres generales” no compartían su postura, insinuando que su lealtad estaba condicionada por la atención médica que recibió en el extranjero con apoyo del gobierno. Esta afirmación fue atribuida a un entrevistado anónimo, sin ofrecer evidencia clara ni permitir el derecho a réplica.
Ambas publicaciones fueron replicadas por otros medios nacionales sin verificar su veracidad, lo que contribuyó a la desinformación y al desprestigio institucional.
Más que persecución, defensa a la verdad
Contrario a las afirmaciones de diversos sectores, esta medida no constituye un ataque contra la libertad de expresión, sino una respuesta justa ante la difamación a la institución castrense.
El general Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF. AA., manifestó en una entrevista brindada a un medio televisivo nacional que, esta medida no es persecución para ningún medio de comunicación y mucho menos intimidación como lo manejan algunos periodistas, sino más bien es un derecho que asiste a la institución para llegar a la verdad.
Asimismo, reveló que retirará la petición para que no exista preocupación en los medios y reiteró que “cuando se publica una información los medios responsables deben verificar que sea verdad y también la fuente, ya que en este caso solo se publicó con la intención de dañar la imagen de la institución”.
Además, el titular de la unidad castrense reveló que, por medio de esta información malintencionada, las FF. AA. son objeto de un ataque sistemático por parte de los medios de comunicación para desacreditar su labor, especialmente en el proceso electoral, donde su papel es clave para garantizar elecciones seguras y transparentes.
Estos ataques buscan debilitar la confianza en la institución con el fin de generar dudas sobre la legitimidad de los comicios y, eventualmente, alegar fraude o impulsar la cancelación del proceso electoral, agregó.
En ese sentido, el general Hernández afirmó que ellos serán garantes de que las elecciones sean limpias, transparentes y legítimas, prueba de ello es que a partir del 8 de febrero las Fuerzas Armadas pasan a disposición del Consejo Nacional Electoral.
“Conmigo no habrá reelección, ni golpes de Estado”, sentenció.
Medios vinculados a escándalos de corrupción
Cabe mencionar que, muchos de los medios y periodistas que hoy se presentan como víctimas de una supuesta persecución o que alegan intimación de las Fuerzas Armadas estuvieron implicados en el denominado “Caso Hermes”, donde el MP denunció que se realizaron pagos irregulares durante el gobierno del expresidente, Juan Orlando Hernández (JOH), condenado en Estados Unidos por conspirar para traficar cocaína.
Mediante este caso, se reveló que al menos 95 periodistas hondureños recibieron pagos bajo falsos contratos de publicidad a cambio de favorecer al expresidente Hernández.
Los cheques provenían directamente de la Casa Presidencial, bajo la dirección de Hilda Hernández (difunta hermana de Juan Orlando Hernández), quien desvió alrededor de 122,1 millones de lempiras (casi 4,8 millones de dólares) mediante una empresa creada para financiar las campañas políticas del opositor Partido Nacional desde 2014 hasta 2016.
Las grandes corporaciones mediáticas respaldaron estas prácticas, encubriendo escándalos de corrupción y narcotráfico que involucraban al expresidente y su familia.
Incluso, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) guardó silencio ante estas irregularidades en los años 2014, 2015 y 2016; sin embargo, hoy acusa a las FF. AA. de ser un peligro para la libertad de expresión por solicitar una investigación al Ministerio Público para que se revele la fuente de estas noticias difundidas.
Juan Carlos Sierra, actual presidente del CPH, se convirtió en vocero principal de esta matriz mediática que aduce defensa a libertad de expresión, no obstante, está entre los mencionados en el “Caso Hermes”, lo que pone en duda la objetividad de sus declaraciones contra la acción legal de las Fuerzas Armadas.
El silencio de los medios durante la represión del pasado
En el golpe de Estado de 2009, los mismos medios que hoy claman por la libertad de expresión guardaron silencio ante los ataques y censura gubernamental.
Durante el gobierno de facto que lideró Roberto Micheletti, se impusieron decretos que limitaron la información y permitieron la suspensión de medios críticos, medios de comunicación como Canal 36 y Radio Globo fueron allanados y su equipo decomisado por las fuerzas de seguridad en ese entonces.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la intimidación mediática generó un ambiente de miedo, donde periodistas fueron detenidos, golpeados y algunos asesinados.
Después del golpe de Estado y durante los gobiernos de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) reportó que al menos 48 periodistas en Honduras fueron acusados por injuria, difamación y calumnia.
Uno de los casos más emblemáticos fue el del periodista David Romero Ellner, quien fue detenido en plena transmisión de su programa y condenado a 10 años y ocho meses de prisión por difamación y calumnia contra la abogada Sonia Gálvez. En el momento de la denuncia, Gálvez era esposa del subdirector de fiscales Rigoberto Cuéllar, a quien Romero acusó de corrupción durante el gobierno de JOH.
Detención del Periodista David Romero.
Pese a denuncias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre su situación, Romero nunca fue liberado y se declaró preso político.
En 2020, falleció a causa de un paro cardíaco tras contraer COVID-19 en la Penitenciaría Nacional de Támara, donde cumplía su condena.
Desde 2001 hasta la actualidad, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) de Honduras ha registrado el asesinato de 101 personas vinculadas a los medios de comunicación. Estos crímenes se agravaron tras el golpe de Estado y durante los gobiernos del opositor Partido Nacional.
Según el organismo, desde 2009 se han reportado 92 de estos homicidios, lo que evidencia un aumento significativo en la violencia contra periodistas y comunicadores.
Respeto a la libertad de expresión
Desde que la Presidenta Xiomara Castro, asumió el poder en Honduras, su administración demuestra un compromiso firme con la democracia y la libertad de prensa.
Muestra de ello es que se duplicó el presupuesto del Mecanismo de Protección a Periodistas y se derogó la ley del Programa Voluntario de Rescate, Promoción y Fomento del Sector Comunicaciones bajo el Decreto No. 81-2024, que beneficiaba a medios afines al gobierno anterior, y les permitía defender a Juan Hernández a cambio de exoneraciones fiscales.
A diferencia del pasado, donde la censura y represión eran moneda corriente, hoy los medios de comunicación operan libremente sin injerencia del gobierno.
Las Fuerzas Armadas, bajo el liderazgo del general Roosevelt Hernández, mantienen una postura institucional y rechazan cualquier acusación de violaciones a los derechos humanos o ataques a periodistas. Su acción actual no busca silenciar la opinión crítica, sino defender su honor frente a señalamientos infundados.
La institución castrense hondureña ejerce su derecho a defenderse de la difamación y las calumnias. Hasta el momento no se ha querellado a nadie, sino que únicamente solicita una investigación para identificar a quienes difunden información falsa a los medios.
Por eso, la petición presentada ante el Ministerio Público hondureño busca garantizar la responsabilidad y veracidad en la información que se difunde, ya que en un país donde la desinformación ha sido utilizada como arma política, es fundamental que los medios rindan cuentas por sus publicaciones, tal como lo establece la legislación vigente.
JLU
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