Tegucigalpa, 16 oct (AHN) El secretario ejecutivo del Instituto de la Propiedad (IP) de Honduras, Francisco Bocanegra, pidió hoy al fiscal general actuar con firmeza en el caso de corrupción del IP durante la administración del diputado liberal Jorge Cálix.
En un foro televisivo, Bocanegra, manifestó que durante la gestión anterior (dirigida por Cálix) se pagaron prestaciones laborales de forma irregular por un monto aproximado de 178,200 lempiras (más de 6,800 dólares) a una persona contratada bajo la modalidad de consultoría.
Entre ellas mencionó a Camila Isabel Agüero, esposa del diputado Cálix. “Las consultorías no generan derecho a prestaciones, sin embargo, en este caso se pagaron”, señaló.
El funcionario explicó que, tras la liquidación de los fideicomisos y la UCP ordenada por decreto presidencial en 2022, todos los fondos debían ser devueltos a la Secretaría de Finanzas antes de realizar cualquier pago o liquidación.
“La administración anterior ignoró el decreto y continuó utilizando esos recursos, violando la ley y los procedimientos administrativos”, afirmó.
Bocanegra aseguró además que la entonces directora de la UCP, Cristi Sánchez, designada por Cálix, se encuentra actualmente prófuga de la justicia.
Según sus declaraciones, desde esa dependencia se efectuaron pagos y transferencias sin control a fundaciones, consultores y proveedores, “sin seguir el procedimiento F-01 ni contar con respaldo financiero”.
El secretario del IP también reveló que 280 millones de lempiras (alrededor de 10,6 millones de dólares) fueron recuperados tras su gestión, luego de que los fondos sobrantes permanecieran en una cuenta bancaria y no fueran devueltos a la Secretaría de Finanzas. “Gracias a nuestra intervención, ese dinero fue rescatado y ya está bajo custodia del Estado”, indicó.
Asimismo, señaló que al asumir el cargo encontró una deuda salarial de cuatro meses con más de 2,000 empleados y 514 consultores contratados de manera irregular. “Es un acto de irresponsabilidad y corrupción. El Instituto fue utilizado como hacienda personal”, denunció.
BRP
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