Ministerio Público investiga audio de expresidente que pretende boicotear elecciones en Honduras
Elaborado por Leoncio Alvarado Herrera
16 dic (AHN) Quince días después de las elecciones generales, el conflicto persiste y se traslada ahora al terreno del escrutinio especial. Se cierra una fase del proceso viciado, pero se abre otra igualmente contaminada, donde las prácticas fraudulentas no desaparecen, sino que se transforman. El objetivo central parece ser ganar tiempo, dilatar decisiones y habilitar nuevas maniobras que permitan sostener un resultado ilegítimo.
Una parte significativa del pueblo hondureño ya conocía, o al menos intuía, la existencia de un fraude cuidadosamente orquestado por el Partido Nacional. Las denuncias realizadas desde mediados de año por el consejero Marlon Ochoa, representante del Consejo Nacional Electoral, alertaban sobre estas irregularidades. En su momento fue atacado y descalificado bajo el argumento de entorpecer el proceso electoral; hoy, aunque sin admitirlo públicamente, los hechos le dan la razón.
Los defensores del fraude, entre ellos medios de comunicación, supuestos expertos, analistas, constitucionalistas y periodistas, han desplegado una intensa guerra cognitiva permanente para legitimar el gran fraude electoral. Bajo discursos que apelan a la calma, a la estabilidad, al respeto a la democracia y a la paz social, se encubre la consumación del fraude. El objetivo es claro: desgastar a la población, desmovilizarla y llevarla al agotamiento para que termine cediendo ante el robo de su voluntad soberana.
Frente a este escenario, ha emergido un bloque de resistencia que rechaza el fraude y que, por ello, ha sido objeto de censura, estigmatización y amenazas desde diversos sectores de la derecha. Se les acusa de obstaculizar una supuesta democracia que, en realidad, es una fachada impuesta. Sin embargo, esta resistencia no solo se mantiene, sino que crece día a día. La magnitud del fraude es tal que incluso partidos tradicionalmente alineados con la derecha han denunciado públicamente las irregularidades. El engaño ya no puede ocultarse: es visible para la mayoría del pueblo hondureño.
El peso de la evidencia ha dejado al descubierto el grave mal funcionamiento del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). La empresa encargada ha quedado severamente desacreditada, y las constantes caídas del sistema han pasado de ser un escándalo a convertirse en motivo de burla colectiva.
En este contexto, el término “cachureco”, asociado a los simpatizantes del Partido Nacional, se ha generalizado en el imaginario popular como sinónimo de corrupción, ilegalidad y fraude, alimentando una narrativa social cargada de ironía y denuncia. No solo por la corrupción electoral puesta en marcha en este proceso, sino por los antecedentes del 2013 y 2017 donde también inflaron actas y los fraudes fueron evidentes.
Las actas con inconsistencias representan casi la totalidad del proceso: más de 16 mil de las 19 mil actas presidenciales presentan irregularidades documentadas. A pesar de ello, las consejeras del CNE, vinculadas al Partido Nacional, decidieron revisar únicamente mil actas, seleccionadas estratégicamente. Esta decisión no es casual: mientras se revisan aquellas que no comprometen el resultado, se gana tiempo para manipular el resto, favoreciendo al candidato respaldado abiertamente por Donald Trump. Eso creemos que es la intención.
La presión contra quienes defienden la voluntad popular se intensifica. Desde sectores afines al fraude se exige la firma de una declaratoria claramente ilegal, acompañada de amenazas jurídicas y penales contra el consejero Marlon Ochoa, quien ha sostenido una postura firme y coherente en la denuncia de las irregularidades desde hace meses. Esta confrontación no es menor: se trata de una batalla histórica que definirá el rumbo político del país. El fraude se expande como un pulpo, sostenido no solo por actores internos, sino también por observadores electorales complacientes, sectores fascistas internacionales y el respaldo directo del presidente de Estados Unidos. Entre todos sostienen más de un millón de votos fantasma, inexistentes en términos reales, pero inflados matemáticamente en actas adulteradas y en un TREP prácticamente cooptado en favor del presidenciable nacionalista.
En este punto de la historia, Honduras recibe un golpe severo a su ya frágil democracia. En un país de más de diez millones de habitantes, con 6.5 millones de electores habilitados, menos de tres millones participaron en el proceso, lo que representa apenas un 50 % del padrón electoral. Aun así, se pretende imponer un candidato sustentado en más del 90 % de actas infladas o manipuladas, una contradicción insostenible desde cualquier lógica democrática.
Ante este panorama, la resistencia popular debe mantenerse firme. El respeto a la voluntad popular exige perseverancia frente a las nuevas y viejas estrategias del fraude, que se reconfiguran constantemente para adaptarse a escenarios no previstos. Si estas maniobras no estaban originalmente planificadas, hoy se construyen sobre la marcha, aprovechando cada dilación para consolidar el despojo electoral. La defensa de la democracia en Honduras no debe admitir treguas, ni amenazas ni manipulaciones.
La opinión del autor no necesariamente responde a la línea editorial de la Agencia Hondureña de Noticias.
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