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Elaborado por: Lois Pérez Leira
Tegucigalpa, 21 dic (AHN) Honduras se encuentra hoy frente a un abismo institucional sin precedentes, siendo víctima de lo que puede calificarse como el intento de consumar el fraude electoral más grande de la historia latinoamericana.
Lo ocurrido en el reciente proceso no es un hecho aislado, sino la culminación de una operación de ingeniería política que combina el sabotaje interno con la injerencia externa más directa del imperialismo.
Desde cualquier análisis técnico y jurídico riguroso, no existe manera de reconocer el resultado electoral actual; el proceso carece de la integridad mínima necesaria para ser llamado democrático y se ha transformado, a todas luces, en una estafa electoral planificada para arrebatarle la soberanía al pueblo hondureño.
Esta crisis de legitimidad ha sido confirmada desde el propio corazón del ente rector. Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), ha denunciado con firmeza que no se puede validar un proceso viciado donde la voluntad popular fue suplantada por una “trampa” tecnológica y política.
Ochoa ha sido tajante al señalar que no firmará ninguna declaratoria que surja de la coacción o de la presión extranjera, advirtiendo que el sistema de transmisión y escrutinio fue diseñado para favorecer a las estructuras del bipartidismo tradicional bajo la tutela de intereses foráneos.
Según el consejero, validar estos resultados sería claudicar ante un diseño electoral que nunca tuvo como fin la transparencia, sino el control social.
Ante este escenario de ruptura del orden democrático, la única salida patriótica es la anulación total de este proceso electoral. No es posible aceptar un gobierno que emerja del robo de votos y de la manipulación sistémica. El país requiere acordar de inmediato una continuidad institucional transitoria que permita modificar por ley el sistema electoral, incluso si esto implica reformar la Constitución hondureña para blindar las instituciones contra la corrupción política.
Solo mediante la creación de nuevas reglas democráticas, que garanticen una vigilancia ciudadana real y técnica, se podrá convocar a nuevas elecciones que sean verdaderamente transparentes y libres de manos extranjeras.
Finalmente, la impunidad no puede ser el cierre de este capítulo oscuro.
La justicia hondureña tiene la obligación histórica de actuar de oficio e imputar por delitos de traición a la patria a los responsables materiales e intelectuales de este golpe de Estado electoral.
Quienes han permitido la injerencia externa y han orquestado el fraude han atentado contra la base misma del Estado de Derecho. La reconstrucción de Honduras no pasa por el recuento de actas viciadas, sino por una refundación profunda que devuelva la dignidad a la nación y asegure que nunca más la voluntad del pueblo sea objeto de subasta o manipulación.
La opinión del autor no necesariamente responde a la línea editorial de la Agencia Hondureña de Noticias.
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