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Elaborado por: Lois Pérez Leira
8 oct (AHN) El reciente comunicado de figuras académicas, intelectuales y artistas, tanto chilenas como internacionales, en solidaridad con Daniel Jadue, alcalde de Recoleta y referente de la izquierda chilena, no es simplemente una defensa legal; es una declaración de alarma sobre la calidad democrática en el país. El texto, que denuncia una presunta campaña de “lawfare” o guerra jurídica en su contra, plantea interrogantes incómodas que exigen un debate más allá de las fronteras políticas.
La Sombra del “Lawfare” y el Silencio Cómplice
La acusación central es grave: la instrumentalización del sistema judicial con fines políticos para excluir adversarios. Al señalar que Jadue lleva 15 meses de prisión preventiva —un periodo que califican de excesivo y marcado por transgresiones al debido proceso— los firmantes ponen el foco en la desproporción de la medida cautelar. Para ellos, el objetivo no es impartir justicia, sino “clausurar la posibilidad de pensar, proponer e implementar cambios profundos y transformadores”.
Esta narrativa resuena con patrones observados en otros países de la región, donde líderes progresistas han enfrentado procesos judiciales en momentos clave. La participación de figuras internacionales como Atilio Borón y Juan Carlos Monedero refuerza esta perspectiva de un fenómeno transnacional.
La interpelación al Ejecutivo de Gabriel Boric es particularmente punzante. Al advertir que el silencio ante estos hechos equivale a una complicidad que “allana el camino para futuras persecuciones”, el comunicado presiona a un gobierno de la misma coalición ideológica a tomar una postura firme. La tesis es clara: si hoy se calla ante el ataque a una figura de izquierda, se sienta un precedente peligroso para la libertad de pensamiento y acción política de toda la disidencia.
La “Sospechosa Puntualidad Electoral”
Un elemento que da peso a la denuncia de motivación política es la “sospechosa puntualidad electoral” de las resoluciones judiciales. El texto subraya la conexión entre el proceso judicial y la reciente invalidación de la candidatura parlamentaria de Jadue por parte del Tricel, a solicitud de la derecha chilena.
Esta sincronía no es trivial. Si se acepta la premisa de los firmantes, el proceso legal y la inhabilitación electoral se perciben como dos brazos de una estrategia coordinada para sacar de la contienda a un “contendor electoral muy fuerte” de cara a las próximas elecciones. La preocupación trasciende la persona: si las contiendas políticas se deciden en los tribunales y no en las urnas, la democracia se reduce a un “ritual vacío”.
La Defensa de un Modelo Político Alternativo
Más allá de la defensa jurídica de Jadue, el comunicado se convierte en una apasionada defensa de su legado político. Los firmantes elogian el “modelo de gestión local” implementado en Recoleta, que habría puesto el mejoramiento del bienestar de las personas al centro del desarrollo, desafiando los paradigmas neoliberales dominantes.
Desde esta óptica, la persecución judicial es también un intento de “cancelación” de una alternativa exitosa de administración pública. El mensaje es que el ataque a Jadue es, en esencia, un intento de sofocar la posibilidad de políticas públicas transformadoras.
Un Llamado a la Trascendencia Ética
El llamamiento final a los intelectuales, artistas y académicos a no permanecer en silencio es una poderosa advertencia histórica: “Hoy van por Daniel Jadue; mañana irán por otros y otras. Y cuando ya no quede nadie que pueda hablar, será demasiado tarde, ya conocemos muy bien esa historia”.
En un contexto de profunda polarización en Chile, este comunicado obliga a la sociedad a mirar críticamente la línea divisoria entre el debido proceso y la persecución política. La pregunta fundamental para la democracia chilena no es si Daniel Jadue es culpable o inocente, sino si los mecanismos de justicia están siendo utilizados para defender el Estado de Derecho o para excluir voces y proyectos de cambio profundo.
La diversidad y el peso de los firmantes demuestran que el caso Jadue es visto como un termómetro de la salud democrática. Ignorar la denuncia de lawfare sería tan ingenuo como darla por cierta sin el escrutinio debido. La sociedad chilena, y su clase intelectual, están llamadas a una reflexión ética urgente: ¿Estamos presenciando el ejercicio legítimo de la justicia o la erosión calculada del pluralismo político?.
La opinión del autor no necesariamente responde a la línea editorial de la Agencia Hondureña de Noticias.
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