Candidato a designado presidencial de Libre denuncia “injerencia extranjera” en Honduras
Elaborado por Leoncio Alvarado Herrera
Tegucigalpa, 23 dic (AHN) A pocos días de finalizar el año, el escenario político hondureño evidencia que el proceso electoral ha dejado de ser una contienda basada en la voluntad soberana del pueblo para convertirse en una pugna determinada por acuerdos políticos, lobismo interno y externo, interpretaciones discrecionales de la ley y respaldos de organismos nacionales, internacionales e incluso de jefes de Estado extranjeros.
Con el paso de los días, la voluntad popular se degrada progresivamente y la decisión electoral pasa también a actores políticos que lograron acumular cuotas de poder tras las elecciones del 30 de noviembre, desplazando a la ciudadanía de su rol central en la democracia.
Mientras el pueblo permanece reducido a un espectador pasivo de un escrutinio especial prolongado, marcado por reinicios constantes y retrasos injustificados, resulta evidente que cada dilación responde menos a criterios de transparencia y más a negociaciones entre élites políticas o a nuevas estrategias para extender un fraude que se resiste a ser desmontado.
No es la ciudadanía quien define el rumbo del proceso ni sus resultados finales, sino quienes concentran mayor influencia, poder y capacidad de presión.
En este contexto, el Consejo Nacional Electoral aparece profundamente cooptado por agentes de poder nacionales e internacionales que inciden de manera directa en sus decisiones y acciones, orientando el proceso electoral conforme a intereses ajenos al mandato popular. Esta captura institucional explica, en buena medida, el caos político y jurídico que atraviesa el país y la pérdida de credibilidad del órgano encargado de garantizar elecciones libres y justas.
Debe señalarse con claridad que el partido centenario, el Partido Nacional, constituye el eje central de esta arquitectura fraudulenta. Su historial de prácticas políticas le ha permitido cooptar organizaciones no gubernamentales, gremios, sectores de la sociedad civil, parte de la empresa privada e incluso cúpulas religiosas, las cuales ahora le sirven de aval para validar su accionar.
A ello se suma una relación histórica de subordinación a los intereses de Estados Unidos, actor con fuerte capacidad de incidencia en el lobismo regional, lo que ha favorecido la continuidad de prácticas antidemocráticas. Por ello al menos tres partidos políticos reconocen como viciadas estas elecciones generales e intentan impedir que se consolide un nuevo secuestro de la democracia.
Si el pueblo hondureño ya asociaba la política con corrupción, saqueo y autoritarismo tras experiencias previas como la narcodictadura, este proceso electoral de 2025 se instala en la memoria colectiva como uno de los más graves de la historia reciente. Cada día de retraso en la divulgación de resultados incrementa la incertidumbre, profundiza la manipulación y confirma las sospechas de fraude. A ello se suma el respaldo explícito del presidente de Estados Unidos, que, desde su posición hegemónica, ha otorgado margen político para que estas prácticas se desarrollen sin mayores consecuencias.
Todo indica que el desenlace de este proceso no se definirá en el plano institucional, sino en el terreno de la clase política y de los agentes externos que ejercen injerencia mediante lobismo y presiones alineadas con intereses geopolíticos. La decisión expresada en las urnas queda relegada a un segundo plano o mejor dicho a la nada.
El debate ya no se limita a la aplicación de la Ley Electoral, sino que se ha extendido a la Constitución, al Código Penal y a un entramado normativo que la mayoría de la población desconoce, profundizando la asimetría entre poder y ciudadanía. Esto es jugar con la voluntad de pueblo, quien está como espectador y espera los resultados.
El fraude se hace cada vez más evidente, al igual que la traición de sectores políticos y partidos que han optado por respaldar prácticas fraudulentas que exceden el marco del escrutinio especial. Es de conocimiento general que casi la totalidad de las actas presenta alteraciones y que, a ocho días de celebradas las elecciones, no se ha resuelto ni siquiera el cinco por ciento de las actas inconsistentes, ni se han atendido de manera efectiva las impugnaciones presentadas por distintos partidos ante el CNE.
Si la decisión ya no reside en el pueblo y la fracción ciudadana que aún resiste el fraude es debilitada por presiones políticas, lobismo y acuerdos de cúpula, la libertad y la soberanía del pueblo hondureño quedarán seriamente erosionadas.
La democracia dejará de ser representativa en la práctica y la defensa de los derechos fundamentales, de la soberanía y de la verdadera democracia recaerá exclusivamente en la acción colectiva del pueblo organizado, no en quienes dicen representarlo.
La opinión del autor no necesariamente responde a la línea editorial de la Agencia Hondureña de Noticias.
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