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Tegucigalpa, 31 mar (AHN) El fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, reafirmó hoy el compromiso del Ministerio Público con la transparencia electoral, tras presentar dos requerimientos fiscales a involucrados en posibles delitos electorales vinculados a los comicios primarios del pasado 9 de marzo.
Zelaya anunció en conferencia de prensa, que como resultado de estas acciones, ya se han efectuado capturas, aunque las autoridades han decidido omitir los nombres de los detenidos por el momento.
Según el funcionario, las denuncias apuntan a un nuevo caso de corrupción que ha intentado empañar el proceso electoral interno en Honduras, en ese sentido el Ministerio Público, detalló que a pesar de que más del 96 ciento de las elecciones internas se llevaron a cabo de manera ordenada y transparente, ciertos hechos han intentado manchar este ejercicio democrático del pueblo hondureño.
Uno de los requerimientos fiscales fue presentado en el Juzgado con Jurisdicción Nacional, mientras que el otro fue interpuesto en el denominado “Juzgado de la Granja” detalló el fiscal hondureño.
Entre los acusados figuran Joel Ramos García, coordinador del proyecto de transporte electoral y Carlos Fonseca representante de la empresa Ingeniería Logística.
Además, el requerimiento incluye a Raúl Montoya y Juan Canales, presuntamente afines al Partido Nacional, así como a Denis Emilio Hércules y José Martín Pastrana, vinculados al Partido Liberal.
“La investigación reveló que la empresa contratada para el transporte electoral no cumplía con los requisitos estipulados. Según el Ministerio Público, la firma debía contar con 143 furgones de 48 pies, 497 camiones de 24 pies y una flota de 82 camiones livianos de 12 pies; sin embargo, solo disponía de 10 cabezales y 2 camiones, lo que generó retrasos y sobrecostos en el proceso electoral”. detalló Zelaya.
Asimismo, reveló que Joel Ramos García, uno de los principales implicados, entregó un estudio que establecía que habría declarado que se necesitaban 43 millones de lempiras para el transporte electoral. No obstante, las empresas involucradas presentaron ofertas que superaban en 21 millones de lempiras este monto, afectando directamente las finanzas públicas y generando un perjuicio para el pueblo hondureño.
Zelaya también señaló que la Comisión Evaluadora, encargada de garantizar el cumplimiento de las condiciones del contrato, no realizó las inspecciones mecánicas ni verificó la disponibilidad de la flota vehicular. Como resultado, el Ministerio Público imputó a los acusados por delitos de fraude, negociaciones incompatibles y violación a los deberes de los funcionarios.
Reiteró que el Ministerio Público no cederá ante presiones políticas ni intereses particulares. “No serán los foros ni los expertos quienes nos dirán a quién acusar o no. No nos apartaremos del principio de objetividad”, declaró.
Además, advirtió a los funcionarios electos que deben actuar con responsabilidad y evitar dejarse influenciar por “sus padrinos políticos”.
Como parte del proceso, el Ministerio Público solicitó al Consejo Nacional Electoral un informe sobre las personas que utilizaron el sistema biométrico en las Juntas Receptoras de Votos 4187,4233, 4928 y 4951 por ser parte de un proceso de investigación tras una denuncia recibida por presuntas irregularidades.
Para finalizar el funcionario anunció que el 10 de abril se escuchará la declaración a todos los consejeros electorales en igualdad de condiciones.
“No habrá borrón y cuenta nueva, el pueblo hondureño puede tener confianza en que representamos sus intereses y llegaremos hasta el fondo de este caso”, concluyó el fiscal.
JLU
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