Lideres de Libre destacan propuestas de abogada Rixi Moncada a comunidad misquita
Tegucigalpa, 5 may (AHN) Médicos, enfermeras, farmacéuticos, constructores, indígenas y estudiantes respaldarán hoy en Panamá una huelga indefinida convocada por docentes que demanda la derogación de la Ley 462, sobre reformas a la Caja de Seguro Social (CSS).
El paro, al que se han sumado diversos sectores sociales, también condena la intención del Gobierno de José Raúl Mulino de abrir la mina de cobre ubicada en Donoso, provincia de Colón, pese el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2023, que catalogó inconstitucional el contrato suscrito por el Estado y ordenó el cierre de sus operaciones.
En varios puntos del territorio nacional se desarrollarán manifestaciones que también buscan defender la soberanía de Panamá.
Estas acciones surgen como respuesta a lo que muchas organizaciones califican como una actitud servil del Ejecutivo ante las intenciones de Estados Unidos de controlar el Canal de Panamá y establecer bases militares, a raíz de un memorando firmado con Washington bajo el argumento de combatir el narcotráfico, la migración irregular y el crimen organizado.
Otro foco de protesta es el proyecto de construcción de un embalse en el río Indio, destinado a asegurar el suministro de agua dulce para las operaciones del Canal, pese al rechazo de las comunidades originarias de esa zona.
Ante el tenso clima, varias figuras políticas firmaron un manifiesto titulado Unidad Nacional y Defensa de la Soberanía, en el cual condenan el acuerdo con Estados Unidos.
En el documento se plantean seis exigencias al gobierno, entre ellas exige que se dé marcha atrás al acuerdo y que cualquier asunto vinculado al Canal, que modifique o transgreda el régimen de neutralidad, pase por la Asamblea Nacional (parlamento) y un referendo, como lo establece el artículo 325 de la carta magna panameña.
Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares, en declaraciones a Prensa Latina, denunció que 130 dirigentes y obreros han sido detenidos como parte de la persecución y represión policial, pero nada detendrá las protestas como el paro indefinido contra el Ejecutivo del dictador Mulino, remarcó.
Durante una Asamblea General programada para este lunes en el parque Urracá de la capital, también decidirá acciones futuras para derrotar la norma, que desconoce las propuestas del movimiento popular como la Ley de la Vida 2.0., agregó.
Desde el gobierno, las respuestas no se han hecho esperar. El ministro de Salud, Fernando Galindo, junto al director de la CSS, Dino Mon, aseguraron que los hospitales seguirán operando con normalidad, y advirtieron que se aplicarán sanciones a quienes participen en las protestas.
“El que no trabaja, no cobra”, declaró Mon, tras el anuncio de paralización de actividades realizado por la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la CSS.
A lo largo de la semana están previstas otras medidas de presión, como marchas universitarias, cadenas humanas y bloqueos en zonas como Changuinola (Bocas del Toro), Chiriquí y Pacora, en la capital.
Entre las principales demandas de las agrupaciones sociales también se encuentra la creación de una mesa técnica con representación genuina de los trabajadores y profesionales de la salud. Esta instancia tendría como objetivo diseñar una reforma al sistema de pensiones que sea realmente participativa, sostenible y que garantice condiciones de jubilación dignas para todos.
DZV
PUEDES LEER: Abogada impulsa diálogo económico con sectores productivos del oriente de Honduras
