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Tegucigalpa, 18 oct (AHN) La crisis política y social desatada en el Perú tras el derrocamiento del Presidente Pedro Castillo Terrones, hace casi 3 años, continúa sin resolverse. Las últimas semanas han sido el escenario de acontecimientos dramáticos, incluyendo la fulminante destitución parlamentaria de la usurpadora de la Presidencia de la República, Dina Boluartee, que nos recuerdan que la situación en este país hermano en Sudamérica merece nuestro seguimiento y atención.
La crisis peruana se ha prolongado ya por bastantes años, y se expresa de manera sistemática en la crónica inestabilidad del sistema político y sus instituciones, en particular la Presidencia de la República. Casi hemos perdido la cuenta de la significativa lista de personajes que han ocupado ese cargo en los últimos años. Ollanta Humala, ex militar que ganó las elecciones en el 2011, fue el último Presidente que logró terminar su mandato constitucional, allá por el año 2016.
Después de él, todos, sin excepción, han acabado renunciando o depuestos por el Congreso, algunos apenas unos días de haber sido nombrados. Si nos remontamos a los orígenes de esta inestabilidad, encontraremos sin lugar a dudas, además de los permanentes problemas de desigualdad, pobreza y corrupción, que son parte de la realidad peruana cotidiana, a determinados factores, propios del sistema político-constitucional que montó Alberto Fujimori, y que hasta la fecha siguen marcando el panorama político del Perú. En particular, debe señalarse la relativa facilidad con que el Congreso puede destituir al Jefe del Poder Ejecutivo, bajo argumentos bastante difusos, como la llamada “incapacidad moral”.
Pedro Castillo Terrones llegó a la Presidencia del Perú enarbolando la bandera de convocar a una Asamblea Constituyente, que estableciese un nuevo modelo político, social y económico para su país, y superar la nefasta herencia del fujimorismo, abriéndole paso a un Perú que respondiese a los intereses de las mayorías populares, incluyendo la exigencia de refundar el Estado peruano sobre las bases multi-étnicas y pluri-culturales de la sociedad peruana, que la oligarquía limeña, casi siempre se origen europeo, siempre ha ignorado o negado.
Las circunstancias particulares que le tocó enfrentar le impidieron a Castillo Terrones consumar su proyecto político. Las élites desplegaron una enconada resistencia, marcada además por el racismo, a cualquier cambio en las bases del Estado peruano, y de su actual modelo económico extractivista. Sabotearon activamente la gestión gubernamental de Castillo Terrones, creando las condiciones para su derrocamiento y posterior encarcelamiento por el establishment de la vieja política peruana, con el fujimorismo a la cabeza, en Diciembre de 2022.
Ese mismo establishment encontró en Dina Boluarte, la vicepresidenta de Pedro Castillo, las condiciones idóneas para recuperar el poder, sin tener que recurrir a algún personaje reconocido de sus mismas filas. Las ambiciones personales de Boluarte la llevaron no solo a traicionar a Castillo Terrones y su programa político, sino también a entregarse de manera descarada a la derecha tradicional del Perú, encabezando la brutal represión contra quienes en distintas provincias del Perú protestaban ante la destitución express del Presidente Constitucional y demandaban su liberación. Al menos 49 personas fueron asesinadas en esas circunstancias por las fuerzas de seguridad, por órdenes de Dina Boluarte.
A pesar de imponerse a sangre y fuego, las fuerzas del golpismo parlamentario y su protegida Boluarte, no lograron establecer un control completo de la situación en el país. El panorama se les complicó por los distintos escándalos de corrupción en los que se vio involucrada la misma Presidenta usurpadora. La inestabilidad política continuó en todo el tiempo en que Dina Boluarte se mantuvo en el poder, con múltiples rotaciones en su gabinete y acosada por las diversas acusaciones penales en su contra.
La opinión del autor no necesariamente responde a la línea editorial de la Agencia Hondureña de Noticias.
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