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Tegucigalpa, 21 nov (AHN) El relato de “fraude electoral” promovido por el Partido Nacional y el Partido Liberal en Honduras se enfrenta a una fuerte contradicción: la mayoría de los observadores internacionales acreditados para las elecciones del 30 de noviembre provienen de organismos y misiones de línea conservadora.
Gran parte de estas misiones son enviadas por gobiernos, fundaciones y organismos históricamente aliados del bipartidismo hondureño, lo que pone en evidencia que la narrativa de manipulación promovida contra el Partido Libre carece de sustento.
Entre los observadores destacan actores con gran peso geopolítico e ideológico, como la Embajada de Estados Unidos, país que ha respaldado durante décadas al bipartidismo y mantiene estrechos vínculos con sectores conservadores de la región.
Cabe destacar que todos los observadores internacionales presentes en las elecciones hondureñas han sido debidamente aprobados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). La lista fue respaldada por los consejeros y cuenta con el visto bueno del Partido Libre, lo que garantiza que estos organismos puedan supervisar el proceso de manera objetiva y sin injerencias.
Sin embargo, el bipartidismo ha mostrado criterios selectivos al rechazar la aprobación de ciertos observadores, como los provenientes de Rusia, lo que evidencia un doble estándar frente a la supervisión internacional y refuerza la percepción de que su narrativa de “fraude” busca afectar únicamente a Libre, mientras se ignoran observadores con amplia experiencia y credenciales internacionales.
Entre los observadores internacionales destacan varios actores con historial político e ideológico conservador. La Organización de Estados Americanos (OEA), dirigida en el pasado por Luis Almagro, cuestionado internacionalmente por su intervención en las elecciones de Bolivia en 2019 y señalada por expertos como catalizadora de un golpe de Estado, formará parte de la supervisión.
También participará la misión electoral de la Unión Europea (UE), cuya observación en 2017 avaló un proceso duramente criticado por múltiples sectores sociales. Asimismo, fue autorizada la UNIORE (Unión Interamericana de Organismos Electorales), compuesta mayoritariamente por autoridades de gobiernos conservadores tradicionalmente alineados con Washington, así como la Fundación Disenso, brazo ideológico del partido español de ultraderecha VOX, conocida por su activismo contra gobiernos progresistas en América Latina.
En el ámbito regional, la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, históricamente cercana a las élites empresariales hondureñas, también observará el proceso, junto a representantes de cámaras empresariales y universidades privadas con afinidad hacia sectores conservadores del país. A esto se suman organizaciones vinculadas a redes juveniles derechistas en Latinoamérica y fundaciones estadounidenses y europeas con experiencia en financiamiento político e intervención electoral.
Con un acompañamiento internacional tan abiertamente inclinado hacia posturas conservadoras, el discurso de fraude pierde cualquier sustento lógico. Diversos expertos se preguntan: ¿cómo puede el bipartidismo argumentar una conspiración institucional para manipular las elecciones, cuando quienes supervisarán el proceso son los mismos actores internacionales que durante años respaldaron al sistema político que los benefició?
Analistas coinciden en que la composición del cuerpo de observadores neutraliza por completo el intento de construir un relato de victimización electoral. “Si el proceso estuviera manipulado —señalan— serían estos organismos los primeros en denunciarlo, pues responden a intereses políticos históricamente alineados con los partidos tradicionales de Honduras”.
En otras palabras, si el bipartidismo pierde, no podrá culpar al fraude; tendrá que culpar al voto popular, afirman expertos.
BRP
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