Tegucigalpa, 22 jul (AHN) El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, lanzó hoy una contundente denuncia pública del modelo electoral hondureño, advirtiendo que se pretenden repetir las mismas prácticas ilegales utilizadas en los fraudes electorales de 2013 y 2017.
Redondo denunció que ambos procesos fueron financiados por el narcotráfico, y que la impunidad sigue siendo la base sobre la que se intenta construir el proceso electoral de 2025.
“Honduras no puede seguir edificando su democracia sobre los cimientos de la impunidad”, afirmó.
Citó documentos oficiales de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se detalla que el crimen organizado permeó profundamente en los procesos electorales anteriores.
Según los fiscales, miles de actas fueron manipuladas y centros de votación fueron controlados por emisarios del narcotráfico para favorecer al convicto en Nueva York, Juan Orlando Hernández, y al opositor Partido Nacional.
Redondo acusó directamente al expresidente Hernández y a su hermano Tony Hernández, también convicto en Estados Unidos, asegurando que utilizaron dinero del narcotráfico para sobornar a funcionarios, alcaldes y delegados de mesas electorales.
También reveló que ingenieros al servicio del Partido Nacional sabotearon los servidores del Tribunal Supremo Electoral para manipular los resultados.
“Nunca ganaron legalmente”, sentenció Redondo, quien aseguró que las campañas políticas de 2013 y 2017 se financiaron con dinero ilícito y que se usaron sobornos sistemáticos para asegurar el control político.
Alertó sobre un nuevo intento de fraude electoral para 2025, ya que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó un pliego de condiciones para implementar un nuevo sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), que no está contemplado en la Ley Electoral.
Criticó que esta reforma se haya realizado a través de simples pliegos de contratación, sin aprobación del Congreso Nacional y sin base legal. Señaló que se viola el artículo 51 de la Constitución de la República, así como múltiples disposiciones de la Ley Electoral.
Redondo sostuvo que el proceso está viciado desde su origen, ya que fue impulsado por miembros de la unidad de compras del CNE y aprobado sin argumentos jurídicos, técnicos ni constitucionales.
También recordó que la Misión de Observación de la OEA en 2017 documentó graves irregularidades, como accesos remotos no autorizados al sistema del Tribunal Supremo Electoral, incorporación ilegal de actas encapsuladas y alteración de evidencias.
“Están replicando el mismo modelo de fraude de 2013 y 2017”, insistió.
Alertó que, al crear fases adicionales en el escrutinio sin respaldo legal, se vulnera el principio de legalidad y se pone en riesgo la voluntad popular expresada en las urnas.
Redondo llamó a la ciudadanía a estar vigilante. Subrayó que es momento de evitar que el narcotráfico y la corrupción vuelvan a secuestrar la democracia. “El Congreso Nacional no ha aprobado esta reforma y no lo hará al margen de la ley”, concluyó.
JAS
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