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Tegucigalpa, 9 may (AHN) Miembros de la alianza Pueblo Unido por la Vida reiteran hoy su exigencia en que se derogue una norma sobre seguridad social y se anule el memorando suscrito con Estados Unidos que atenta contra la soberanía nacional.
En declaraciones a la prensa, voceros de esos colectivos como el profesor Fernando Ábrego y el secretario general del sindicato de los obreros de la construcción, Saúl Méndez, indicaron que mantendrán una huelga indefinida iniciada el pasado 23 de abril por los docentes.
Estos representantes categorizaron como traición a la Patria el respaldo dado por 48 diputados a la llamada Ley 462 sobre reformas a la estatal Caja de Seguro Social que afecta a los trabajadores y sus familiares, pues privatiza los servicios y entrega los fondos a los bancos públicos y privados.
Por su parte, Méndez refutó la postura del jefe de Estado, José Raúl Mulino, la víspera, quien afirmó que no acudirá a dialogar con las agrupaciones sobre el tema del seguro.
Para el también excandidato presidencial en 2019, corresponde al pueblo con sus movilizaciones abrir los cauces democráticos hasta derogar la Ley 462 y poner fin a las arbitrariedades del Gobierno.
También recalcó que como jefe de Estado reconoce el derecho constitucional a protestas, pero también al libre tránsito, y adelantó que no permitirá los cierres viales como una de las formas del rechazo a esas normas.
Para el movimiento popular panameño es clave la anulación del acuerdo con Washington para suspender las medidas de presión como un paro de labores iniciado hace más de dos semanas.
Al respecto, el jefe de Estado señaló que ese documento es un acuerdo entre los dos países y no implica, como se ha reiterado ya hasta el cansancio, ninguna forma de base militar estadounidense, sea temporal o permanente en Panamá.
Indicó también que el país centroamericano puede terminar ese acuerdo en cualquier momento, lo que lo hace diferente al Tratado de Neutralidad (1977), que no tiene cláusula de denuncia, o sea, no se puede terminar esa perpetuidad,
Sostuvo además que ese memorando refuerza la capacidad de lucha de Panamá en temas de delitos internacionales como narcotráfico, lavado de dinero y ciberterrorismo, lo que desmienten los colectivos.
FAB
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