Presidenta Xiomara Castro entrega 995 títulos de propiedad en occidente de Honduras
Elaborado por: Leoncio Alvarado Herrera
Tegucigalpa, 20 sep (AHN) A 71 días de las elecciones generales, el pueblo hondureño se prepara para una de las decisiones más trascendentales de las últimas décadas: elegir si el país avanza, retrocede o permanece estancado. El rumbo de la nación está en juego, y cada partido político busca conquistar al electorado independiente, ese sector clave que podría inclinar la balanza. Más de seis millones de ciudadanos están llamados a definir este nuevo hito en la historia de Honduras.
El bipartidismo, representado históricamente por el Partido Nacional y el Partido Liberal, ha dejado una marca profunda en la vida política del país. Su legado, sustentado en la aplicación del modelo neoliberal, se refleja en privatizaciones, desigualdad y en una política entreguista que ha demostrado ser perjudicial. Eso le puede pesar. El problema no radica únicamente en el modelo en sí, sino en la forma en que estos partidos lo aplicaron: de manera excluyente, beneficiando a minorías privilegiadas, aumentando la pobreza y subordinando las instituciones a intereses reducidos. En Honduras se ha aplicado la versión más agresiva y nociva del neoliberalismo.
Durante cada campaña electoral, ambos partidos intentan proyectarse como la solución a los problemas nacionales, pese a no tener historia ni credibilidad que respalde sus discursos. Pretenden borrar de la memoria colectiva las crisis que ellos mismos protagonizaron. No obstante, su historial es incuestionable: desde el golpe de Estado de 2009 hasta la llamada narcodictadura, que se extendió entre 2010 y 2021, un periodo que significó un retroceso abismal en todos los indicadores sociales, económicos y democráticos del país. Lo más alarmante es que, a pesar de la renovación de rostros, el poder económico y político que los sostiene permanece intacto, reproduciendo la misma filosofía conservadora y privatizadora, sin propuestas de cambio real ni voluntad de renovación.
Frente a esa historia, la decisión del 30 de noviembre se vuelve aún más crucial. Honduras atraviesa una etapa de reconstrucción y transformación, en la que resulta imprescindible dar continuidad a los avances en la lucha contra los problemas estructurales: la pobreza, la crisis educativa y la recuperación de los bienes públicos. El socialismo democrático, representado por el Partido Libre, ha marcado una diferencia al priorizar políticas de justicia social y desarrollo humano, en contraste con el asistencialismo clientelar del bipartidismo. Desde 2022, el país ha abierto una nueva era política y de esperanza, que se contrapone al letargo conservador de más de un siglo. Los programas sociales y las ayudas han llegado al pueblo sin distinción de colores políticos, lo que constituye un cambio histórico en la cultura de gobierno.
En este contexto, resulta necesario formularnos preguntas que definirán nuestro futuro: ¿se mantendrá la política de energía gratuita para casi un millón de familias? ¿se alcanzará la meta de reconstruir 12 mil escuelas? ¿se consolidarán los ocho hospitales actualmente en construcción? ¿continuará la modernización de las carreteras y la infraestructura vial? ¿se garantizará la matrícula gratuita y la merienda escolar para más de 1.2 millones de niños? ¿se seguirán construyendo más espacios deportivos? ¿se seguirá reduciendo el índice de pobreza? ¿continuará el apoyo al campesino a través de los bonos productivos? Estas y muchas otras interrogantes deben guiar nuestro voto, más allá de promesas superficiales e incoherentes de quienes históricamente se han mantenido alejados de la acción y los resultados.
El proceso electoral de este año es histórico no solo por su trascendencia política, sino también por los recursos destinados a garantizar su transparencia: 1,737,500,000 lempiras, el presupuesto más alto en la historia democrática del país. Con ello se busca blindar la voluntad popular, tras procesos cuestionados como los de 2013 y 2017. A esto se suma la participación de más de 30 organizaciones nacionales e internacionales como observadores, con la novedad de que Rusia se ha interesado en supervisar por primera vez un proceso electoral en Honduras, ampliando así la pluralidad de perspectivas sobre la transparencia del proceso. El fantasma del fraude debe desaparecer si queremos seguir construyendo patria.
El voto, por tanto, no debe emitirse a la ligera. Debe ser un acto consciente, fruto del análisis, de la memoria histórica y de la evaluación rigurosa de las propuestas. Honduras necesita ciudadanos que voten con responsabilidad, que sepan identificar quién ha mostrado coherencia entre lo que promete y lo que cumple, y quién ha trabajado realmente por transformar la realidad nacional. Porque, al final, los hechos hablan más fuerte que las palabras.
La opinión del autor no necesariamente responde a la línea editorial de la Agencia Hondureña de Noticias.
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