Presidenta Castro insta a defender proceso electoral en Honduras
Elaborado por: Dante Alfaro
Tegucigalpa, 30 jul (AHN) Derechos humanos y justicia social son dos conceptos inescindibles. Y aunque el Estado argentino es signatario de la Declaración Universal de los derechos humanos aprobados por la ONU, los cuales tienen rango constitucional, el presidente Milei considera ambos conceptos como aberrantes y no desperdicia la ocasión de pisotearlos.
Hay distintas formas de violar los derechos humanos, cuyo cumplimiento y protección es una obligación intransferible del Estado. Por ejemplo, cuando la ministra de Capital Humano, Pettovello Sandra prefiere que se pudran en los depósitos del Estado los alimentos a distribuirlos a los comedores comunitarios, cuando quitan a los jubilados los medicamentos gratuitos que recibían o retiran a las familias de personas con discapacidad los subsidios y toda ayuda estatal.
Recientemente falleció María Teresa López, jubilada de Caleta Olivia que no recibía los medicamentos oncológicos. Mary se enfermó de cáncer producto de la contaminación que ella misma denunciaba, y luego fue abandonada por el Estado en modo motosierra: el PAMI se negaba a entregarle medicamentos, pese a amparos judiciales a su favor.
Algo similar le sucedió a la cantante de reggae Araceli Julio, de 39. A pesar de que la justicia falló a favor de que el Estado continuara proveyéndole como lo venía haciendo, la droga oncológica que necesitaba para su sobrevida, el gobierno apeló la medida, condenándola a morir.
FESPROSA —Federación de Profesionales de la Salud— denunció el año pasado que la motosierra en medicamentos oncológicos produjo al menos la muerte de 60 personas.
Pero si repasamos modos más clásicos como la represión a la protesta social, no hay que olvidar el asesinato del bagayero Fernando Martín Gómez en diciembre del año pasado, a manos de efectivos de la Gendarmería Nacional que actúa bajo las órdenes de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. La causa está estancada en la justicia.
Ya en febrero de 2024, cuando el gobierno de Milei llevaba apenas un par de meses, Matías Aufieri, abogado de DD.HH. y asesor de bloque del Frente de Izquierda- Unidad denunció el ataque policial que le produjo la pérdida de visión de un ojo.
Nueve meses hubieron de transcurrir para que los tribunales citaran a declarar al policía que disparó gas pimienta al rostro de una niña de nueve años.
Más reciente y con mayor repercusión las cámaras registraron el ataque con un disparo a la cabeza del fotoperiodista Pablo Grillo, que zafó de la muerte gracias a la extraordinaria atención del personal médico del Hospital Ramos Mejía en CABA. El disparo directo contra el joven ocurrió cuando cubría una protesta de los jubilados el 12 de marzo de este año. Luego de varios meses el gendarme Héctor Guerrero, identificado como el tirador es citado por la justicia.
Finalmente, tenemos el caso de Jonathan Navarro, víctima ese mismo día del disparo a la cara de un prefecto naval cuando intentaba asistir a dos jubilados caídos en el piso. Como consecuencia, Navarro perdió la visión de un ojo.
En todos los casos los peritajes y pruebas presentadas fueron obtenidas por fuentes independientes, pues los jueces y fiscales parecen actuar por omisión en connivencia con la represión. Desde el Mapa de la Policía denunciaron que —tal como ocurrió en el caso de Pablo Grillo— en el accionar del prefecto nuevamente hay una violación a los protocolos de uso de las armas menos letales. Y es que el de la Byrna TCR recomienda no dirigir los proyectiles hacia partes sensibles como cabeza o cuello, ya que hay peligro de provocar pérdida de visión o incluso la muerte. “Sin embargo, el prefecto le disparó a Jonathan a menos de tres metros, y le apuntó a los ojos”, indicaron.
En los videos de los distintos sucesos represivos, aparecen los uniformados disparando directamente a la cara y celebrando o felicitándose por la buena puntería. Es evidente que ese modus operandi obedece a órdenes de los superiores. Bullrich, máxima responsable, no vacila en mentir y encubrir el delito como ya lo hiciera en los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
No es necesario ser muy perspicaz para inferir que estamos ante un plan represivo que va en línea de blindar “el mayor ajuste de la historia de la humanidad” del cual se ufana el presidente.
Finalmente, no puede obviarse en este breve informe, la permanente agresión verbal que el presidente dispensa a sus opositores y a cualquier voz crítica de su gestión a través de los medios, en los actos oficiales y por las redes sociales. Por ejemplo, la exhortación a odiar más a los periodistas, profesión que se ha vuelto altamente riesgosa en nuestro país. La historia reciente indica que ninguna guerra comienza con disparos, sino con la voz de orden del poder para habilitar la violencia. Parece más que evidente que el poder económico para el cual gobierna Milei y su elenco, ha declarado la guerra al pueblo argentino.
“Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance: a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente. Mande copias a sus amigos: nueve de cada diez las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror.
La opinión del autor no necesariamente responde a la línea editorial de la Agencia Hondureña de Noticias.
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