Elaborado por: Ridel Morales Ochoa, —antropóloga, profesora universitaria —
28 nov (AHN) El plan de gobierno de la candidata por el partido Libertad y Refundación, Rixi Moncada, titulado: “Democratización de la Economía” (2026-2030), es más que una hoja de ruta, es una propuesta transformadora, ética y democrática para Honduras. Su promesa de refundar el Estado enmarcado en el Socialismo Democrático no implica únicamente administrarlo mejor, sino reconstruir las bases económicas, éticas y políticas de Honduras desde una noción de justicia social.
Estos elementos dialogan con las ideas planteadas por pensadores como la filósofa Nancy Fraser, quien advierte que la justicia debe verse desde una perspectiva tridimensional: redistribución, reconocimiento social y participación. También dialoga con la noción del economista Amartya Sen sobre ampliar las capacidades para vivir vidas dignas y con la apuesta del sociólogo Erik Olin Wright por democratizar el poder.
Redistribuir para reparar: justicia económica
El diagnóstico es claro: Honduras ha soportado décadas de concentración de riqueza, privatización desmedida, corrupción público-privada y debilitamiento deliberado de lo público. Moncada apunta a revertir esta estructura bajo un enfoque de justicia económica que prioriza a las mayorías.
Su plan plantea una Ley de Justicia Tributaria que elimine privilegios económicos y garantice impuestos justos de acuerdo a sus ingresos. También propone recuperar y fortalecer empresas públicas, sobre todo el sistema energético, apostando por un modelo donde lo esencial no esté sometido al mercado, sino garantizado por el Estado. Esto coincide con lo que Wright describe como “desmercantilizar” las necesidades básicas para asegurar derechos reales, independientemente de nuestros ingresos, siendo el Estado el que provea de ello sin mediación de conglomerados privados.
Sumado a esto, Rixi Moncada también entiende que los bienes comunes (agua, territorio, biodiversidad) son un patrimonio social, no una mercancía. Bajo este planteamiento, se reconoce que redistribuir no es solo mover recursos: es un acto político donde se redefine quién controla la riqueza del país y para qué. Sobre todo, es el derecho a vivir con dignidad.
Reconocimiento: dignidad y soberanía en una nación multiétnica
La justicia no es solo económica. Honduras arrastra humillaciones históricas: la negación de identidades indígenas y afrodescendientes, décadas de exclusión de los sectores populares y una narrativa dominante donde lo público es sinónimo de atraso y lo privado de eficiencia, con un modelo económico que va incrementando las desigualdades sociales.
Tal como lo expresa Amartya Sen, el bienestar de una sociedad no puede reducirse a números, ingresos o riquezas; sino a la posibilidad de vivir libremente con dignidad. Esto quiere decir que, el desarrollo de una sociedad debe centrarse en la posibilidad real que tiene cada hondureño de vivir saludable, trabajar dignamente, sentirse seguro, estudiar, etc.
El plan de gobierno de Rixi Moncada no excluye a nadie, reconoce que la justicia debe valorar a cada sector, llama a recuperar la memoria histórica y defender la dignidad colectiva. Perfila un país donde se pueda estudiar, trabajar, emprender, decidir y vivir sin que sus derechos dependan del mercado (grupos oligárquicos) o de favores políticos.
Representación: devolverle el Estado al pueblo
Ningún cambio económico o cultural se sostiene si la ciudadanía sigue excluida de los espacios donde se decide su destino. Por eso, el plan propone abrir el Estado a formas nuevas y más robustas de participación: consultas populares, instituciones transparentes (auditables por la ciudadanía) y mecanismos de control social sobre el uso de recursos. Más allá del formalismo institucional, la apuesta de Moncada es devolverle al pueblo el rol de sujeto político, no de observador pasivo.
Esta idea coincide con autores como Fraser y Wright: la justicia requiere voz, no solo derechos escritos. En un país donde durante décadas las decisiones se tomaron en oficinas privadas y no en espacios públicos, la representación se vuelve una dimensión ética de la democracia. Honduras necesita que sus instituciones respondan al interés colectivo, no al control corporativo que ha caracterizado buena parte de su historia reciente.
Un país posible: ¡Recuperemos lo público!
El camino no es ni ha sido sencillo. Redistribuir la riqueza implica enfrentar intereses económicos poderosos; restaurar la ética (e imagen) del Estado requiere romper con la corrupción incrustada; y democratizar el poder político necesita tener como base la dignidad y el reconocimiento de todos los pueblos.
Salvar lo público no debe verse como una consigna sino como una estrategia de justicia, un acto de valentía. El plan de Moncada no es ingenuo, no es un proyecto tecnocrático: es un proyecto político en el sentido más profundo y transformador, porque redefine para quién existe el Estado.
Además, la candidatura de Rixi Moncada como segunda mujer en llegar a la presidencia de Honduras marca un hito histórico. Su proyecto no solo representa esperanza para la población, sino que también asegura la continuidad de la apuesta refundacional del país, consolidando un camino donde la justicia social, la dignidad y la participación popular se vuelven ejes de la transformación democrática.
La opinión del autor no necesariamente responde a la línea editorial de la Agencia Hondureña de Noticias.
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