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Elaborado por: Lois Pérez Leira
Tegucigalpa, 31 jul (AHN) Han transcurrido cuarenta y cuatro años desde la muerte de Omar Torrijos Herrera, el estratega que recuperó la soberanía panameña sobre el Canal, y su legado enfrenta hoy nuevas amenazas.
Donald Trump, durante su campaña electoral de 2024 y en recientes declaraciones, ha insistido en la idea de que Estados Unidos debería “recuperar el control” de la vía interoceánica, un planteamiento ilegal que ignora el carácter irrevocable de los Tratados Torrijos-Carter. Estas proclamas, aunque jurídicamente inviables, avivan grupos de presión en Washington que buscan erosionar la autonomía panameña mediante mecanismos de coerción económica.
Frente a esta embestida, el gobierno del presidente José Raúl Mulino—heredero político de la administración anterior— demuestra una alarmante sumisión a intereses extranjeros. Las masivas movilizaciones que desde 2023 sacuden Panamá denuncian precisamente esta complicidad: mientras Mulino mantiene alianzas con élites tradicionales vinculadas a Washington, su gabinete impulsa reformas neoliberales exigidas por el Fondo Monetario Internacional.
El pueblo panameño, encendido en protestas históricas, ya derrotó en 2023 el contrato minero de la canadiense First Quantum (Ley 406) tras meses de resistencia que dejaron ocho muertos y centenares de heridos por represión estatal. Sin embargo, la crisis persiste. El actual gobierno intenta reactivar proyectos extractivistas en territorios indígenas, mientras el Canal —símbolo de la soberanía conquistada por Torrijos— enfrenta riesgos de privatización encubierta mediante concesiones a consorcios internacionales. Las calles exigen ahora cuatro demandas irrenunciables: juicio político a Mulino por incumplir la defensa de los recursos nacionales, anulación de los contratos lesivos con empresas transnacionales, una Asamblea Constituyente para refundar el Estado, y la ruptura de acuerdos militares con Estados Unidos que violan la neutralidad del Canal.
En este contexto, la memoria de Torrijos resurge como brújula. Su lucha enseñó que la soberanía no se negocia: se defiende. Por eso Panamá hoy exige acciones concretas: presentar ante la Corte Penal Internacional pruebas de represión estatal contra manifestantes, formar una coalición latinoamericana para frenar injerencias extranjeras, y auditar cada dólar de la administración canalera.
Las amenazas de Trump y la complicidad de Mulino son el detonante de una nueva etapa en la batalla por la autodeterminación.
Cuatro décadas después de su partida, las palabras de Torrijos resuenan más vigentes que nunca: “No quiero entrar en la historia; quiero entrar en la Zona del Canal”. Hoy, entrar en “la Zona” significa expulsar a los nuevos colonialismos. Y esa batalla, Panamá la está librando en las calles.
La opinión del autor no necesariamente responde a la línea editorial de la Agencia Hondureña de Noticias.
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