Elaborado por: Leoncio Alvarado
Tegucigalpa, 13 jun (AHN) A una semana del inicio de la represión y detención de migrantes en protesta en Los Ángeles, California. Esta ciudad, donde el 33.5 % de la población es de origen migrante y el 48 % son latinos, se ha convertido en el epicentro de una política migratoria cada vez más agresiva. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continúa realizando redadas en zonas con alta presencia de trabajadores migrantes, mientras tanto las protestas emergen desde distintas partes de EE.UU.
Estas acciones forman parte de una estrategia impulsada por el presidente Donald Trump, quien busca deportar al menos 3,000 trabajadores migrantes por día. Hasta el momento, se han detenido alrededor de 400 personas durante las protestas, entre ellas se estima que 30 son de origen hondureño. Su administración utiliza la fuerza para proyectar una imagen de control y autoridad, tanto dentro como fuera del país. Aunque esa imagen de democracia se vuelve cada vez más frágil y contradictoria porque lejos de ocultar las fallas del sistema capitalista, la represión deja en evidencia su carácter autoritario e injusto.
Las protestas comenzaron el viernes 6 de junio, lideradas por trabajadores migrantes de distintos países de América Latina. Estas manifestaciones pacíficas fueron una respuesta a las agresiones de agentes de seguridad que, sin autorización del Estado de California, irrumpieron en lugares de trabajo, escuelas e incluso iglesias, violando múltiples derechos fundamentales e incluso su estatus logrado durante años de trabajo.
En lugar de buscar el diálogo, la respuesta del gobierno federal fue incrementar la represión. El domingo se enviaron 2,000 efectivos de la Guardia Nacional sin el consentimiento del gobernador del Estado, Gavin Newsom. El lunes llegaron otros 2,000 efectivos, además de 700 militares marines, con el objetivo de infundir miedo en la población y reprimir la protesta social de la clase trabajadora.
Esta situación resulta paradójica: mientras el gobierno rechaza la presencia de migrantes indocumentados, la economía del país depende en gran medida de su trabajo. Se estima que los migrantes indocumentados aportan alrededor de 90 mil millones de dólares en impuestos al año, y en conjunto con los documentados, generan aproximadamente 651 mil millones. Por eso mismo muchos de los gobernadores de los estados no están de acuerdo con esta política e incluso parte del sistema de justicia gringo.
Además, esta crisis migratoria está profundamente relacionada con la historia de intervención del imperialismo estadounidense en América Latina. Desde la Doctrina Monroe en 1823 hasta las políticas de “desarrollo, inversión y protección” respaldadas por bases militares, Estados Unidos, ha contribuido sistemáticamente a la pobreza y la inestabilidad en la región. Por ello, muchas personas migran buscando mejores condiciones de vida en el país donde se concentran las riquezas que les fueron negadas en sus naciones de origen.
Hoy, esos mismos migrantes son criminalizados, perseguidos y expulsados por el sistema que los obligó a migrar. Y no es el pueblo el que ejerce violencia, sino un sistema capitalista que se sostiene mediante la amenaza, la fuerza y la explotación. En este caso, fue el aparato de seguridad estatal el que inició las agresiones en los Ángeles, actuando como instrumento de un modelo autoritario promovido por figuras como el presidente Trump; Kristi Noem, secretaria de seguridad, entre otros.
Gobernadores de California denuncian que esta política viola la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que regula la autoridad entre el gobierno federal y los estados. En este caso, la Casa Blanca ha tomado decisiones de aumentar la represión sin contar con la participación del estado, evidenciando un ejercicio autoritario del poder.
La misión del gobierno de Trump aún tiene un largo camino por delante: hay cerca de 11 millones de migrantes indocumentados en Estados Unidos, y las redadas se están centrando en estados demócratas, enviando un mensaje político, a la vez, sobre quién ejerce el poder real. En este imperio no hay lugar para la diversidad, en ninguna de sus dimensiones: los demócratas también se sienten perseguidos.
La realidad es clara: los migrantes, documentados o no, no son el problema. El problema es un sistema que se mantiene a costa de la soberanía de otros países, que perpetúa guerras, saquea recursos naturales y luego culpa a quienes huyen de esa devastación. Son esas personas quienes llegan a trabajar donde están las riquezas, solo para ser tratados como delincuentes.
Frente a esta cacería, la pregunta que queda es: ¿qué pretende realmente el imperio? Los efectos de esta política se verán pronto, especialmente en sectores clave como la agricultura, la construcción y la industria, todos ellos profundamente sostenidos por manos migrantes.
La opinión del autor no necesariamente responde a la línea editorial de la Agencia Hondureña de Noticias.
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