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Tegucigalpa, 31 jul (AHN) La Corte Suprema de Justicia de Honduras, dictó medida cautelar de detención judicial para el diputado Nelson Javier Márquez Euceda, Eva Vásquez Villanueva, Juan Fernando Madrid y Caronte Rojas Zavala, acusados del delito de fraude en perjuicio del Estado.
Por su parte, Raymundo Gradiz Vilorio enfrenta cargos por prevaricato judicial. En el caso de Rafael Eduardo Chávez, presunto responsable de falsificación de documentos públicos, se dictaron medidas distintas a la detención judicial.
La audiencia inicial fue programada para el próximo martes 5 de agosto e involucra a varios funcionarios, entre ellos Lidia Estela Cardona Padilla, exprocuradora general, y el actual diputado y subjefe de bancada del partido Nacional, Nelson Javier Márquez Euceda.
El caso tiene sus orígenes en el año 2000, cuando la empresa estadounidense DRC Inc. obtuvo de forma irregular un contrato financiado con fondos de cooperación internacional tras el paso del huracán Mitch.
Se señala que DRC Inc. y la empresa NAINSA, supuestamente sin relación entre sí, coordinaron acciones legales simuladas para exigir pagos millonarios al Estado.
El Ministerio Público detalló que los acusados utilizaron un contrato irregular y un laudo arbitral declarado nulo para fundamentar acciones legales contra el Estado.
Este nuevo escándalo vuelve a colocar en el ojo público al Partido Nacional, cuyas administraciones han sido reiteradamente señaladas por corrupción sistemática.
Aún permanece en la memoria colectiva el gigantesco desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde se desviaron más miles de millones de lempiras, causando la muerte de cientos de pacientes por falta de atención médica.
Otro ejemplo de impunidad fue el caso de la “venta de pastillas de harina”, una burla al sistema de salud donde se ofrecieron medicamentos falsificados a hospitales públicos.
A ello se suman los contundentes fallos judiciales en el extranjero contra figuras clave del nacionalismo. El exdiputado Antonio “Tony” Hernández fue condenado en EE.UU. a cadena perpetua por narcotráfico, mientras que su hermano, el expresidente Juan Orlando Hernández, también fue hallado culpable de conspirar para traficar cocaína hacia ese país.
Ambos casos demuestran el profundo vínculo entre el narcotráfico y las más altas esferas del poder durante los gobiernos nacionalistas
BSH
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