Elaborado por: Ester Oliva
Tegucigalpa, 8 ago (AHN) El 9 de agosto, Honduras se une al concierto de naciones que conmemoran el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha que trasciende el simple acto ceremonial. Proclamada oficialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 23 de diciembre de 1994 y celebrada desde 1995, esta efeméride es parte de un esfuerzo global por visibilizar, reconocer y promover los derechos, culturas e identidades de los pueblos originarios.
No es, pues, un invento reciente, sino la continuación de una lucha por la dignidad que ha encontrado eco en diferentes momentos de nuestra historia.
En el caso hondureño, la conmemoración de esta fecha nos obliga a revisar no solo los retos que persisten, sino también las acciones recientes que, para bien o para mal, marcan un cambio en la relación entre el Estado y las comunidades originarias.
Desde la llegada de la Presidenta Xiomara Castro al poder, se han impulsado diversos proyectos y reformas institucionales que buscan un reconocimiento más real y operativo hacia este sector históricamente marginado. Uno de los ejes más visibles es el Programa “Nuestras Raíces”, diseñado para integrar a los pueblos indígenas y afrohondureños en una plataforma estatal de servicios y proyectos con enfoque intercultural y participativo. Este programa no se limita a la asistencia social: plantea la creación de cajas rurales, brinda asistencia técnica, financiamiento y acceso a mercados, fomentando iniciativas productivas que parten de la identidad cultural de cada comunidad.
En los primeros 100 días de gobierno, se creó la Secretaría de Desarrollo Social —SEDESOL—, que asumió la rectoría de las políticas sociales inclusivas e incorporó la Dirección para los Pueblos Indígenas y Afrohondureños —DINAFROH—. Paralelamente, se impulsaron iniciativas de diálogo cultural como “Voces por la Acción Contra el Racismo”, destinadas a combatir la discriminación estructural y a generar conciencia social.
En el ámbito cultural, se elevó a rango de Secretaría la antigua Dirección Ejecutiva de Cultura y Artes, convirtiéndola en la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras. Esta transformación no es menor: busca visibilizar y apoyar el patrimonio cultural de todos los pueblos, desde una perspectiva incluyente y con vocación de justicia histórica.
El compromiso con la tierra —base material y espiritual de las comunidades originarias— también ha sido central. La presidenta ha entregado títulos de dominio pleno a comunidades indígenas, misquitas y garífunas, como parte de un proceso que reconoce derechos ancestrales largamente negados. En 2025, reafirmó su compromiso con la restitución de tierras garífunas, particularmente en comunidades como Triunfo de la Cruz, Punta Piedra y San Juan, en cumplimiento de sentencias internacionales y como acto de reparación histórica.
Este enfoque no ha quedado solo en la actual administración. La candidata presidencial Rixi Moncada ha heredado y ampliado ese discurso, situando la defensa de los recursos naturales y los derechos territoriales en el centro de su propuesta política. Sus mensajes destacan la protección del agua, la tierra y los bosques, así como el impulso a cooperativas agrícolas y pesqueras, el acceso al crédito público y la creación de seguros para las cosechas.
Más allá de las promesas económicas, Moncada ha reivindicado la voz subalterna de los pueblos originarios, escuchando sus demandas directamente y prometiendo respaldo a sus luchas. Su campaña ha sido clara en la denuncia de la persecución contra líderes comunitarios por defender su territorio. Un momento emblemático fue cuando recordó la figura de Berta Cáceres, líder lenca asesinada en 2016, y prometió “seguir exigiendo justicia para los autores intelectuales de su asesinato”. Este gesto conecta la campaña con la memoria viva de la resistencia indígena y ambientalista en Honduras.
Durante sus giras, Moncada ha mantenido un contacto directo y personalizado con las comunidades, participando en actos culturales, conversatorios y reuniones en territorios indígenas. La interacción no ha sido meramente protocolaria: se ha enmarcado en una estrategia política que busca articular las demandas locales con un proyecto de país.
El Día de los Pueblos Originarios no es un fin en sí mismo; es un recordatorio de que la justicia histórica se construye todos los días. Reconocer la diversidad cultural de Honduras significa también reconocer las deudas pendientes con quienes han custodiado la tierra, el agua y la memoria colectiva desde antes de que existiera el Estado mismo.
En esta fecha, más que celebrar, debemos comprometernos a escuchar, a aprender y a actuar. Porque solo cuando los pueblos originarios puedan decidir su propio destino en igualdad de condiciones podremos decir, sin temor a equivocarnos, que Honduras honra su raíz más profunda.
La opinión del autor no necesariamente responde a la línea editorial de la Agencia Hondureña de Noticias.
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