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Elaborado por: Lois Pérez Leira
10 oct (AHN) La reciente destitución de Dina Boluarte por el Congreso peruano, a través de la figura de la vacancia presidencial, es un hecho que, lejos de ser un cierre de crisis, solo subraya la naturaleza terminal del sistema político del Perú. La salida de la exmandataria, acusada por un amplio sector de la ciudadanía de ser una “traidora y dictadora” cuyas “manos están manchadas de sangre” por la represión a las protestas, se inscribe como un acto de justicia popular incompleta y tardía. Su gobierno es percibido no como una administración legítima, sino como la consolidación de un golpe parlamentario que costó vidas y profundizó la fractura social. Sin embargo, la celebración popular debe ser contenida.
La asunción de José Jerí como nuevo presidente interino, emanado directamente del mismo Congreso desprestigiado, confirma la amarga realidad que se repite una y otra vez: el nuevo presidente será más de lo mismo. No se trata de un cambio de modelo, sino de una simple rotación de fichas que garantiza la permanencia de la oligarquía en el poder. Esta élite, compuesta por poderes fácticos, intereses económicos blindados y una clase política parasitaria, utiliza la inestabilidad como herramienta de control, asegurando que el statu quo constitucional y económico se mantenga inalterable. El Perú vive una crisis de repetición, donde el problema no es el individuo en Palacio, sino la estructura que lo pone y lo quita a conveniencia de un pequeño grupo.
Ante este panorama de fracaso sistémico, la única vía para desarticular este ciclo vicioso es la transformación radical. En primer lugar, es necesario realizar un Congreso Constituyente. La actual Carta Magna es el escudo legal que protege la desigualdad y la impunidad de las élites, y cualquier reforma superficial será insuficiente. Solo una asamblea constituyente, con poder real para redefinir el pacto social y económico, puede democratizar Perú desde sus cimientos, transfiriendo el poder de las cúpulas a la soberanía popular.
En segundo lugar, la justicia debe ser integral y política. La demanda por la liberación de Pedro Castillo y de todos los presos políticos antiimperialistas sin excepciones es una exigencia de desescalada y de reconocimiento de la persecución política. Mantenerlos encarcelados es un signo de revancha del sistema y un obstáculo para la paz social. Una verdadera transición democrática exige la liberación de aquellos que fueron encarcelados por oponerse a la hegemonía y al modelo vigente.
Pero para que estas demandas se cristalicen, es necesario que los partidos políticos y sociales de izquierda se unan en un amplio frente alternativo a este modelo reaccionario. Solo la unidad sin sectarismos permitirá construir una fuerza electoral y social capaz de disputar el poder a la oligarquía y llevar a cabo las reformas de fondo que el país necesita. De lo contrario, la dispersión solo facilitará que las fuerzas de la ultraderecha y los intereses fácticos sigan administrando la crisis. La salida de Boluarte solo abre una breve ventana de oportunidad para que las fuerzas del cambio exijan la agenda de la refundación, y esa agenda solo será viable con un frente popular amplio y decidido a cambiar la historia del Perú. El grito por una patria libre, justa y soberana está en las calles, y es hora de que la estructura del Estado responda a ese clamor.
La opinión del autor no necesariamente responde a la línea editorial de la Agencia Hondureña de Noticias.
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