Al margen de la Ley: el bipartidismo hondureño al descubierto

Elaborado por: Leoncio Alvarado Herrera

Tegucigalpa, 23 jul (AHN) A casi cuatro meses de las elecciones generales en Honduras, el bipartidismo representado por los partidos Liberal y Nacional insisten en imponer un modelo de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) evidentemente fraudulento. Este mecanismo, utilizado en los comicios de 2013 y 2017, sirvió como herramienta para consolidar una narcodictadura que se mantuvo por más de doce años en el poder.

Durante ese periodo, se perpetraron constantes violaciones a la Ley Electoral y a la Constitución de la República para hacerse del poder. Estas irregularidades han sido ampliamente socializadas por el Ministerio Público y el Congreso Nacional de Honduras, con base en las investigaciones que la fiscalía de Nueva York hizo en contra del expresidente extraditado por narcotráfico, Juan Orlando Hernández.

La estrategia del bipartidismo ha consistido en recurrir a interpretaciones forzadas y discretas de la ley para legitimar la creación de estructuras y organismos que no están contemplados en el marco constitucional. Mediante maniobras presentadas como jurídicamente válidas, han creado nuevas instancias electorales o alterado las existentes, con el único propósito de mantener su control sobre el sistema electoral. Un ejemplo claro de esta práctica es la incorporación de un segundo paso de verificación manual de las actas electorales, una etapa innecesaria que, lejos de garantizar transparencia, ha sido diseñada como un mecanismo para facilitar el fraude: eso es lo que están imponiendo para aplicar en las elecciones del 30 de noviembre.

El actuar al margen de la legalidad se ha convertido en una práctica estructural del bipartidismo. Los acuerdos y diálogos no se hacen en función del interés nacional, sino entre grupos de poder que buscan mantener sus privilegios a toda costa. Cuando se les exige cumplir con la ley, recurren a interpretaciones forzadas, asesorías pagadas, analistas afines, y medios corporativos que legitiman sus prácticas, aun cuando estas contradigan claramente el marco legal. Y no solo eso, también le huyen a la justicia diciendo que es persecución política.

Esta red de complicidad incluye gremios, ONG, congresistas, políticos, periodistas de alto prestigios, líderes religiosos católicos y evangélicos, militantes y sectores de la sociedad civil que, lejos de fiscalizar el poder, han sido cómplices de su abuso. Incluso, han llegado al punto de importar opiniones de figuras fascistas extranjeras que desconocen la realidad del país, pero sirven para reforzar sus discursos manipuladores. Los medios de comunicación, en su mayoría controlados por las élites vinculadas a estos partidos, juegan un papel crucial en moldear la opinión pública, legitimando decisiones ilegales como si fueran actos democráticos. Todos estos actores se han beneficiado de manera directa o indirecta de este sistema ilegal que ellos mismos ayudan a preservar.

Cuando el marco legal ya no les favorece, los partidos tradicionales recurren a consensos y acuerdos entre cúpulas políticas. Sin embargo, estos pactos no representan la voluntad popular, sino que responden a las fracciones de la oligarquía que los financia y respalda. En Honduras el Partido Liberal representa a una parte de la élite económica, el Partido Nacional a la otra mitad de la élite económica: ambos acaparan casi toda la riqueza del país. Y cuando ambos se benefician, las leyes dejan de importar.

Este patrón de comportamiento fue evidente en 2009, cuando un proyecto político alternativo, Liderado por el expresidente Manuel Zelaya Rosales, que sí buscaba representar al pueblo fue derrocado mediante un golpe de Estado. El temor de tener que compartir el poder y los recursos con las mayorías populares llevó a los partidos tradicionales a actuar de forma antidemocrática, como lo siguen haciendo hoy queriendo imponer un fraude electoral bastante evidente.

Frente a este panorama de corrupción estructural, surge la resistencia del pueblo hondureño, misma que tiene origen en el golpe de Estado 2009. Y es la que ahora se movilizada para exigir el respeto a la ley y el fin de una democracia falsa, secuestrada por una clase política acostumbrada a hacer y deshacer a su antojo.

En 2021, el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), liderado por la Presidenta Xiomara Castro, logró la primera victoria popular después de décadas de bipartidismo. Esta victoria no fue solo electoral, sino también simbólica: representó el inicio del desmontaje de una estructura que por años se sostuvo en la ilegalidad y el desprecio por la voluntad popular.

La historia reciente de Honduras demuestra que el verdadero obstáculo para la democracia no es la falta de leyes, sino la constante manipulación por parte de quienes deberían cumplirlas. Por eso hoy, mientras los partidos tradicionales continúen actuando como si estuvieran por encima de la Constitución y la Ley electoral, será el pueblo organizado y movilizado quien tenga la última palabra.

La opinión del autor no necesariamente responde a la línea editorial de la Agencia Hondureña de Noticias.

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