Elaborado por: Lois Pérez Leira
Tegucigalpa, 18 jun (AHN) Recientemente, el gobierno de Javier Milei ha aprobado nuevas medidas que permiten –sin orden judicial previa– la detención e inspección de vehículos, incluso por parte de fuerzas castrenses como el Ejército. Estas acciones representan una escalada gravísima del poder estatal, que trasciende la mera seguridad para adentrarse en prácticas propias de regímenes autoritarios.
Según informes del diario Clarín y otros medios, el Ministerio de Defensa emitió normas secretas que habilitan a militares a detener civiles en “flagrancia”, en patrullajes fronterizos e incluso en zonas interiores, con armas cargadas y autorizadas para “disparos de advertencia o neutralización”. Esta ambigüedad en el uso de la fuerza abre la puerta a abusos, detenciones arbitrarias y violencia descontrolada.
A esto se suman otras disposiciones que otorgan poderes excepcionales a las fuerzas de seguridad: protocolos “antipiquetes” que permiten disolver protestas sin autorización judicial, uso de gas “amarillo” más letal, reactivación de la doctrina Chocobar, reconocimiento facial sin control judicial, como la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos internos. Estas medidas configuran un marco jurídico para criminalizar la protesta social y legitimar una violencia institucional sin contrapesos.
¿Retroceso institucional o deriva dictatorial?
La historia argentina está marcada por los excesos del poder militar y policial, y estas medidas evocan prácticas hace tiempo condenadas y prohibidas. Permitir que las Fuerzas Armadas detengan civiles y patrullen las calles sin supervisión judicial es un atentado directo al Estado de derecho. El proyecto de ley de Seguridad Interior enviado por Defensa habilita precisamente ese control civil-militar, sin necesidad de declarar estado de sitio ni respetar garantías constitucionales .
Además, la ministra de Seguridad ha sido señalada por criminalizar y censurar al periodismo y las organizaciones sociales, restringiendo el acceso a la información pública y aplicando mecanismos de censura previa.
Las señales de alarma están encendidas
Militares vigilando y deteniendo civiles: la línea divisoria entre seguridad y represión se está desdibujando. Protocolos represivos sin control judicial: se otorga poder directo al Ejecutivo y a los cuerpos de seguridad. Criminalización de la protesta y censura informativa: la disidencia se condiciona y se relega a un nuevo estatus de “amenaza” y regresión en derechos democráticos: las libertades de circulación, manifestación, expresión y prensa sufren un revés peligroso.
Estas políticas conforman un paquete represivo claro, que no responde a una emergencia social puntual sino a un ideario autoritario. No son una “excepción circunstancial”, sino una designación deliberada de herramientas represivas legales.
¿A quién beneficia y quién teme?
Enarboladas bajo la consigna de “mano dura”, estas medidas parecen destinadas a consolidar un gobierno con pocas barreras institucionales y una narrativa que señala al disenso como la causa de todos los males públicos. Para los sectores populares, trabajadores, jubilados, activistas, periodistas y cualquier ciudadano crítico, el mensaje es claro: las libertades están en juego.
No existen las balas mágicas para las crisis sociales estructurales; lo que vemos es una apuesta por una seguridad militarizada, que amenaza la convivencia democrática y reabre heridas históricas en un país que aún lleva las secuelas de su pasado dictatorial.
La autorización de inspecciones y detenciones vehiculares por parte del ejército, sumada a la creciente militarización de la seguridad y la represión sistemática de protestas y prensa, representan un salto cualitativo e inaceptable hacia un modelo de Estado policial. Más que combatir el delito o el narcotráfico, estas medidas apuntan a disciplinar al conjunto de la sociedad, a moldear el consenso mediante el miedo y a debilitar el Estado de Derecho.
Argentina no necesita más uniformes en las calles, censura informativa ni protocolos de represión. Necesita justicia social, transparencia institucional y garantías para las libertades ciudadanas. Camino contrario a ese norte, estas iniciativas se inscriben en una pendiente muy peligrosa.
La opinión del autor no necesariamente responde a la línea editorial de la Agencia Hondureña de Noticias.
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